La Ley de Metrología recibirá mañana el visto bueno del Congreso y será remitida al Senado

El objetivo del proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de abril, es unificar y clarificar la legislación de la materia, incorporar las directrices internacionales y mejorar el control de los instrumentos de medida, lo que dará, según el Ejecutivo, una mayor calidad en los instrumentos de medición y en la seguridad jurídica de las mediciones.

Como principal novedad, la ley recoge la obligatoriedad de utilizar el Sistema Internacional de Medidas, que va más allá de las tradicionales unidades de medida al incluir no sólo las unidades, su nombre y definición, sino también los símbolos, las reglas de escritura y el uso de múltiplos y submúltiplos.

CONTROL METROLÓGICO

Por otra parte, se define el alcance del control metrológico del Estado, los elementos que se someten a control, las fases que comprende, sus procedimientos de vigilancia e inspección, el tratamiento de las modificaciones y reparaciones realizadas durante la vida útil de los instrumentos y la regulación metrológica de los productos preenvasados.

El control metrológico del Estado es el conjunto de actividades que contribuyen a garantizar la certeza y corrección del resultado de las mediciones, los procedimientos adecuados para su utilización, mantenimiento, evaluación y verificación, así como la tipología y obligaciones de los agentes intervinientes.

Los elementos sometidos a este control son aquellos instrumentos, medios, materiales de referencia, sistemas de medida y programas informáticos que sirven para medir o contar y que sean utilizados por razones de interés público, salud y seguridad pública, orden público, protección del medio ambiente, protección o información de los consumidores y usuarios, recaudación de tributos, cálculo de aranceles, cánones, sanciones administrativas, realización de peritajes judiciales y establecimiento de las garantías básicas para un comercio leal.

Además, el proyecto de ley modifica diversos artículos de la normativa de Industria de 1992 para mejorar las garantías que los productos e instalaciones industriales cumplan los requisitos técnicos de seguridad y protección del medio ambiente. Así, obliga a que los organismos de control que deben verificar la conformidad de las instalaciones y productos industriales dispongan de una acreditación como medio de evaluación de su competencia técnica, independencia e imparcialidad.