Locales de ocio nocturno catalanes recurren la subida del IVA ante el Supremo

La Federación Catalana de Asociaciones Recreativas Musicales (Fecasarm) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el decreto ley que el Gobierno ha aprobado para subir el IVA, que pasa del 8 al 21% en actividades dedicadas a la hostelería mixta, espectáculos, discotecas y salas de fiestas.

La Fecasarm ya mostró su disconformidad con la medida en una queja remitida el 18 de julio al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al considerar que las consecuencias de este incremento del IVA "pueden ser nefastas para el ocio nocturno", han destacado en un comunicado.

Sin embargo, el silencio por parte de la Administración ha llevado a la Fecasarm a trasladar la cuestión al Supremo, y a exigir que se les incluya en el grupo general de hostelería, que está gravado al 10%.

Defienden que el servicio de bar que ofrecen sus locales es exactamente el mismo hecho impositivo que el de la restauración tradicional a excepción de la ambientación musical, lo que no ven "suficiente para la aplicación desigual del tipo impositivo".

Por ello, han manifestado que la medida es contraria a los principios de "justicia, generalidad e igualdad en los que se basa el sistema tributario español", y han augurado que tendrá graves consecuencias para los locales.

Entre los "efectos colaterales" que puede traer la subida del IVA en el sector hay el incremento del 'botellón', fiestas en la calle y particulares, competencia desleal, ruido y quejas de los vecinos.

También han pronosticado que pueden llegar a cerrarse hasta 500 establecimientos del gremio y que 120.000 personas pueden perder su puesto de trabajo en todo el Estado, recordando el reciente anuncio de la clausura de la discoteca Pont Aeri de Vallgorguina (Barcelona) que cerrará en noviembre.

La Patronal del ocio nocturno en Catalunya ha recodado que en 2004 logró que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dejara sin efecto la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro (Girona) por la que se imponía una tasa turística.