En Marea presenta una iniciativa en el Congreso para anular la prórroga a Ence por "vicio de nulidad radical"

Según el texto, que recoge Europa Press, para poder autorizar la prórroga de la concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre hasta 2073 por parte de la fábrica de pasta de celulosa kraft el Gobierno en funciones tuvo que modificar la Ley de Costas de 1988, que contemplaba un plazo hasta 2018 para este tipo de

autorizaciones.

Gracias a ello la ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina, ha podido firmar una prórroga "en Madrid" y "con arbitrariedad, sin escuchar la opinión ni de la ciudadanía gallega ni de los habitantes de Pontevedra, Marín y Poio, que llevan más de 55 años sufriendo los efectos nocivos" de la fábrica, según afirma En Marea.

De hecho, el pasado 22 de febrero el Ayuntamiento de Pontevedra declaró persona 'non grata' al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por prorrogar la instalación. Se da la circunstancia de que el dirigente del PP inició su carrera política en la ciudad gallega, donde se crió y fue concejal.

SENTENCIAS JUDICIALES EN CONTRA

Por otra parte, la iniciativa parlamentaria subraya que Ence y Elnosa han sido incluso condenados por delito ecológico por contaminación atmosférica e hídrica desde su planta de biomasa, que En Marea tacha de "ilegal".

Así, la sentencia de la Audiencia Nacional de 2011, ratificada por el Tribunal Supremo (TS) tres años más tarde, condenaba al Estado a incoar expediente de caducidad de la concesión y adoptar todas las medidas legales necesarias para paralizar la actividad.

Sin embargo, la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, concedió la autorización ambiental integrada a ENCE y emitió informe favorable, lo que unido a la modificación de la Ley de Costas ha permitido "amnistiar" a la empresa y ampliar la concesión, dando luz verde incluso a una ampliación de la planta de biomasa.

¿CONSTITUYE DELITO?

"En su momento habrá que valorar si todos estos despropósitos medioambientales y administrativos pueden ser constitutivos de delitos contemplados en el Código Penal", advierte En Marea, que por todo esto solicita al Congreso que inste al Ejecutivo a anular la prórroga de la concesión por estar otorgada con "vicio de nulidad radical y ser nula de pleno derecho".

Además, los diputados gallegos reclaman que se derogue la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, de 2013, y se modifique la Ley de Costas y el Reglamento General de Costas para impedir los efectos retroactivos autorizados por el Gobierno 'popular' en relación con la fecha de expiración de las concesión.

Finalmente, piden que se garantice que "ejecuciones de sentencia como la de 19 de mayo de 2011, cuyo efecto sea el de sacrificar de forma desproporcionada el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución jurídica firme, no tengan cabida en la Constitución".