MiFid II presionará las tarifas de los gestores de activos e impulsará la consolidación, según Moody's

Así se desprende de un informe publicado este lunes por la firma estadounidense Moody's, en el que, sin embargo, indica que las iniciativas de ahorro de costes, las nuevas soluciones de inversión y las fusiones y adquisiciones "probablemente" compensarán algunos de los efectos negativos, "limitando así su impacto crediticio".

"La introducción de MiFid II ejercerá presión sobre las ganancias de los administradores de activos al reducir su tarifa efectiva y aumentar sus costes", explicó la vicepresidenta y analista senior de Moody's, Marina Cremonese, que estima que la tasa por honorarios podría caer del 10% al 15% en los próximos tres años.

Sin embargo, la firma crediticia señala que los "estrictos" requisitos de divulgación de los costes y los cargos harán que sea "más fácil" para los inversores, los asesores independientes y los competidores comparar los diferentes productos de inversión.

"Esta mejora en la transparencia de costes, así como la prohibición de comisiones pagadas a los asesores financieros, reducirán las tarifas de la industria, intensificarán el traslado hacia la gestión pasiva y presionarán las ganancias de la industria", apunta el documento.

Asimismo, Moody's considera que el uso de fondos cotizados o ETFs aumentará por parte de los inversores institucionales, incluso para fines de préstamos de seguridad, ya que el volumen de negociación y los niveles de liquidez de este tipo de operaciones deberán ser informadas.

De la misma forma, apunta que la nueva regulación reforzará la tendencia hacia la inversión orientada a resultados con soluciones de inversión a medida, a través de la cual los administradores de activos ayudarán a los inversores a alcanzar sus metas financieras.

Este marco normativo, introducido en mayo de 2014, tiene el objetivo de garantizar la transparencia en los mercados e incrementar la protección de los inversores en productos financieros, principalmente de los minoristas.

En España, el Consejo de Ministros aprobó a finales de 2017, a través de un Real Decreto-Ley, una parte de la trasposición de esta directiva al ordenamiento jurídico español, concretamente la relativa a centros de negociación (mercados regulados, sistemas multilaterales de contratación y sistemas organizados de contratación).

Concretamente, la norma introduce nuevos requisitos en materia de gobierno corporativo para los órganos rectores de los mercados en materias de nombramientos y conflictos de interés y endurece el régimen sancionador de la nueva normativa, al elevarse las sanciones máximas desde 600.000 euros hasta 5 millones.

Esta trasposición parcial de la directiva comunitaria evita que los intermediarios financieros opten por operar en otros mercados al considerar que el español no cumple con los requisitos que establece MiFid II.