Miles de franceses piden a Sarkozy que rectifique la reforma de las pensiones

Los sindicatos han indicado que han logrado la mayor movilización de la historia en una jornada en la que aseguran haber sacado a la calle una cifra superior a los dos millones de personas, que fue la cantidad de manifestantes que protestaron el pasado 24 de junio por el mismo motivo.

Era su sueño y su objetivo, conseguir una buena respuesta, la única forma de hacer recular al Gobierno, como ya sucedió con las históricas manifestaciones de diciembre de 1995 cuando era presidente de la república Jacques Chirac, quien no pudo implantar reformas en la sanidad y en las pensiones, y en 2006, los estudiantes acabaron con un contrato que preveía salarios bajos para los jóvenes.

El Ejecutivo se ha mostrado más prudente y ha difundido unos datos policiales en los que se contabilizaron algo más de medio millón de manifestantes, lejos de los 800.000 de hace tres meses.

La quinta jornada de protesta contra la reforma de las pensiones tuvo un sabor particular, ya que coincidió con el inicio de la andadura parlamentaria del proyecto gubernamental.

Mientras el ministro de Trabajo, Eric Woerth, defendía las bondades de ampliar la carrera activa de los franceses, miles de ellos coreaban en la calle lemas en defensa de la jubilación a los 60 años, el auténtico caballo de batalla de la reforma.

En unas 200 ciudades francesas han desfilado a lo largo de la jornada miles de manifestantes en contra de los planes gubernamentales, que tienen muchas posibilidades de salir adelante puesto que el Ejecutivo cuenta con un importante respaldo parlamentario.

París ha sido, una vez más, el epicentro de la protesta, por reunir a más manifestantes que ninguna otra ciudad -80.000, según la policía, 270.000, según los sindicatos-, pero, también por haber dado cita a los líderes de los principales sindicatos y a responsables políticos de la izquierda.

"Es la mayor movilización de los últimos años", aseguraba el líder del sindicato CFDT, François Chérèque, mientras que su colega de la CGT, Bernard Thibault, no dudaba en declarar que "la movilización es superior a la del pasado 24 de junio".

"Ese era nuestro objetivo y el Gobierno no podrá obviar lo que está pasando", agregó.

Pero ajeno al ruido de la calle, el ministro de Trabajo continuaba en la Asamblea defendiendo su proyecto "normal", "natural" y "lógico", la única forma de asegurar, dijo, el futuro de las pensiones.

Pese a que está tocado por su implicación en el llamado "caso Bettencourt", un escándalo de tráfico de influencias en torno a la heredera del imperio cosmético L'Óreal, el ministro se mostró firme.

Antes de comenzar la sesión había recibido el apoyo expreso de Sarkozy, quien recibió a los diputados de su partido para pedirles firmeza con la reforma pero flexibilidad a la hora de introducir enmiendas encaminadas a suavizarla en lo que se refiere a los trabajadores de oficios más duros.

Esa parece la única concesión que está dispuesto a hacer el Ejecutivo para calmar a la calle, aunque los sindicatos afirmaron no conformarse con eso y algunos comenzaron a pedir una nueva jornada de protesta.

Su movilización no se ha limitado a sacar a las calles a miles de personas. Muchos ciudadanos no han acudido a sus puestos de trabajo, provocando importantes perturbaciones en diversos sectores.

En particular, el transporte público, que se vio confrontado a una nueva jornada de caos, particularmente molesto en las horas punta.

Un cuarto de los vuelos previstos en los aeropuertos parisienses fue suspendido de forma preventiva, pero los principales problemas se han registrado en las estaciones de ferrocarril y en los transportes urbanos.

Han funcionado dos de cada cinco trenes de alta velocidad, uno de cada cuatro del resto de convoyes de largo recorrido y la mitad de los regionales.

En París, la incidencia del paro en el metro ha sido algo menor de lo que se esperaba, aunque en la mayor parte de las líneas han circulado menos trenes de lo previstos.

En otros sectores el paro tuvo un mayor seguimiento: el 55% en la enseñanza, según los sindicatos; entorno al 30%, para el Ministerio de Educación. En correos un 40%; el 22% según fuentes del Gobierno.