Moody's rebaja a "estable" la perspectiva de ocho regiones españolas y mantiene la de Andalucía y Cataluña

Además de su decisión sobre las comunidades autónomas, Moody's decidió también rebajar a "estable" desde "positiva" la perspectiva del rating 'Baa1' de la Diputación Foral de Vizcaya y de la calificación 'Baa2' de la ciudad de Barcelona, así como de la nota 'Ba2' asignada a Instituto Valenciano de Finanzas, CACSA, las universidades valencianas y Feria de Valencia.

La decisión de Moody's se produce a consecuencia del "debilitamiento del perfil de crédito de España", tal y como reflejó la agencia el pasado viernes al rebajar a "estable" desde "positiva" la perspectiva del rating 'Baa2' de la deuda soberana española.

"Los cambios de perspectiva han sido provocados por el debilitamiento del perfil de crédito España (...) y la fuerte correlación entre emisores subsoberanos y el riesgo de crédito soberano, reflejado en vínculos macroeconómicos, factores institucionales y las condiciones de los mercados financieros", explicó la agencia.

En este sentido, la agencia subrayó la "fuerte dependencia" de las regiones del Gobierno español, dado el uso "extensivo" por parte de las comunidades del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), establecido en 2012 por el Estado para las regiones que incumpliesen los objetivos de déficit, así como del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), creado en 2015 para las regiones que sí cumplían.

De hecho, Moody's recuerda que en 2015 un total de 15 de las 17 regiones españolas, Navarra y País Vasco, recurrieron a estos mecanismos de liquidez.

Por otro lado, la agencia apuntó también la existencia de "cierto grado de incertidumbre" en torno a la trayectoria de consolidación fiscal por parte de las regiones en 2016 dado el fragmentado panorama político a nivel nacional, lo que podría resultar en una relajación de la reducción del déficit en los próximos años.

El pasado viernes, Moody's decidió confirmar el 'rating' de España en 'Baa2', aunque rebajó la perspectiva de "positiva" a "estable" por el menor impacto de lo esperado que han tenido las reformas económicas y su desconfianza en que durante los próximos años el Gobierno vaya a implementar más reformas estructurales.