El Movimiento contra el paro y la precariedad comenzará el miércoles a recoger firmas por una renta básica

La Comisión Promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) registrará su texto el miércoles a las 11.00 horas en la Cámara Baja y, posteriormente, ofrecerá una rueda de prensa con la presencia del investigador de la Universidad Complutense de Madrid Ramón Espinar, el sociólogo Jorge Moruno y la politóloga Dina Bousselham.

La idea es que todos los ciudadanos tengan el derecho "individual, universal e incondicional" a recibir una cantidad periódica "que cubra sus necesidades básicas", fijando para ello su cuantía en el umbral de la pobreza --60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicados a las personas--, lo que actualmente elevaría esta renta básica a 645,33 euros mensuales.

APLICACIÓN EN DOS FASES

Los promotores de la ILP plantean además que la aplicación de esta renta básica estatal se haga en dos fases: primero, nada más entrar en vigor la ley, para todas las personas domiciliadas en España e inscritas en el Servicio Público de Empleo que no cobren ninguna prestación de paro ni dispongan de otros ingresos, y para aquéllos cuyas rentas (salariales, de subsidios o de pensiones) sean inferiores a la cuantía establecida, hasta alcanzarla.

En una segunda fase esta renta básica debería extenderse "como derecho universal" al resto de ciudadanos. Además, el Movimiento contra el paro y la precariedad pretende que los poderes públicos promuevan la implantación de una figura similar en todo el ámbito de la Unión Europea (UE).

Los promotores de la ILP defienden así una renta básica como "instrumento factible de erradicación de la pobreza, de reparto de la riqueza y distribución de la renta" que no se vea como "una limosna, una prestación asistencial, ni un salario de pobres". "No queremos una ayuda graciable, mangoneada por la administración de turno, sino un derecho inherente a la condición de personas", añaden.

Asimismo, critican además el incumplimiento de derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución como el del trabajo, la vivienda o la suficiencia económica, así como el aumento de la pobreza y la marginación social, mientras los poderes públicos "reflotan a la banca inyectándole cantidades astronómicas de dinero público" y no son capaces de establecer ayudas, subsidios y rentas mínimas suficientes y que cubran "una situación de emergencia social generalizada".