El PE pide agrupar la deuda excesiva de los Estados miembros para reducir costes de financiación

El pleno de la Eurocámara ha pedido este miércoles la creación de un fondo europeo de amortización que agruparía toda aquella deuda que sobrepase el 60% del PIB de un país. El objetivo de esta medida es reducir los costes de financiación de los Estados miembros con problemas, como España.

El Parlamento quiere que esta medida se incluya como parte de la nueva legislación que aumenta los poderes de la Comisión para vigilar los presupuestos de los Estados miembros. La nueva normativa permitirá además obligar a un país en crisis a pedir asistencia financiera a la UE para evitar un agravamiento de la situación.

No obstante, las demandas de la Eurocámara amenazan con retrasar la aprobación de esta legislación, que debe ser ratificada tanto por los parlamentarios como por los Veintisiete. Entre los Estados miembros, Alemania, Finlandia o Países Bajos rechazan de plano crear cualquier embrión de eurobonos.

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, pidió este martes a los eurodiputados que hicieran lo posible por acelerar la aprobación de la nueva norma. Al Ejecutivo comunitario le ha disgustado que la Eurocámara pida exigencias adicionales que dilatarán la adopción de una legislación que considera básica para frenar la crisis, según fuentes europeas.

La parte de la deuda excesiva que se agruparía en el fondo de amortización -que en este momento se sitúa cerca de los 2,3 billones de euros- se pagaría a 25 años a intereses menores que los del mercado. De este modo, el peso de la refinanciación de los Estados miembros se vería reducido a corto plazo y se rompería la espiral de más intereses, más deuda y menos crecimiento, según alega la Eurocámara.

Como una solución a largo plazo, el Parlamento exige que, un mes después de la entrada en vigor de la normativa, Bruselas presente una hoja de ruta para la creación de los eurobonos y un instrumento de crecimiento para movilizar aproximadamente un 1% del PIB de la UE, es decir, unos 100.000 millones de euros, en inversiones en infraestructuras durante los próximos diez años.

Los eurodiputados piden garantías de que los nuevos controles presupuestarios no dañen al crecimiento. Así, en el caso de los países a los que se reclame que hagan recortes significativos, estos esfuerzos no deben afectar las inversiones en educación ni en sanidad, especialmente si sufren una recesión severa.

Los nuevos poderes de la Comisión, que incluyen el derecho a vetar los presupuestos nacionales, deberán ser controlados por los Estados miembros y por el Parlamento para asegurar su supervisión, legitimidad y la rendición de cuentas, reclaman los eurodiputados.