El PNV pide un registro autonómico de buques, embarcaciones y artefactos navales

Así lo recoge en una de las once enmiendas que ha presentado al proyecto de ley de Navegación marítima, a las que ha tenido acceso Europa Press y con las que pretende garantizar las competencias regionales en la materia.

En concreto, los nacionalistas vascos proponen introducir un nuevo punto en el artículo sobre Registro y Matrícula, para precisar que "en el ámbito de las competencias autonómicas, las titularidades y gravámenes previstos (en el proyecto de ley) se inscribirán en un registro autonómico en lo atinente a las competencias autonómicas en esta materia". Además, plantean una corrección técnica en otro artículo para acreditar la existencia de estos registros autonómicos.

El texto que el Gobierno ha remitido a las Cortes prevé que la inscripción tenga que hacerse en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles para "proporcionar seguridad a las relaciones jurídicas" de los dueños de buques, embarcaciones y artefactos navales, y precisa que la matrícula pretende "mantener la identificación y el control administrativo de los buques y embarcaciones españoles".

COMPETENCIAS EN AGUAS INTERIORES

No obstante, la defensa de las competencias autonómicas no queda ahí, ya que el PNV incluye otras cinco enmiendas que pretende ajustar el proyecto de ley "a los requerimientos del bloque constitucional" mediante el reconocimiento expreso de las competencias regionales en el ámbito general de la norma, en la gestión de las arribadas forzosas, en el despacho de buques o en la autorización de navegación para buques pesqueros.

Ya desde el artículo 1, la formación 'jeltzale' reclama que se incluya en el proyecto de ley la competencia prevista en el Estatuto de Autonomía del País Vasco en materia de pesca en aguas interiores, marisquero fluvial y lacustre.

Las últimas modificaciones que plantean los nacionalistas vascos pasan por que las órdenes de suspensión o cese de actividades de investigación por incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización requiera de una resolución motivada, y que los Planes de Preparación y Lucha contra la Contaminación que deberá aprobar el Gobierno sigan las recomendaciones del II Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático.