El PP rechaza que se cree la Agencia de la Seguridad Social para evitar una ruptura de la 'caja única'

El Partido Popular ha presentado una enmienda al proyecto de ley de reforma de las pensiones en el Senado en la que plantea suprimir la disposición que contempla la creación de la futura Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, que integrará el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería de la Seguridad Social, ante el temor de que el Gobierno pacte con los grupos nacionalistas la participación de las comunidades autónomas en su gestión, lo que podría suponer la ruptura de la 'caja única'.

De hecho, el grupo de la Entesa --que componen PSC, ERC e ICV-- y el PNV han presentado varias propuestas al respecto. Así, mientras las formaciones catalanas plantean directamente la conversión de esta agencia única en 17 "agencias autonómicas", los nacionalistas vascos abogan por que se reconozcan explícitamente las competencias en materia de Seguridad Social que incluye el Estatuto de Guernica.

Fuentes 'populares' han indicado a Europa Press que la necesidad del Gobierno de alcanzar un acuerdo con los nacionalistas vascos que permita la aprobación del techo de gasto la próxima semana, puede obligar al Grupo Socialista a buscar un acuerdo con el PNV que de satisfacción a unas de las reivindicaciones históricas de la formación.

El PP considera además que la disposición "carece del mínimo contenido que permita conceder el grado de necesidad que reviste su creación" y constatar si efectivamente servirá a los fines de eficacia y de mejora de servicios que la justificaría, por lo que aprobarla supone "cheque en blanco" al Gobierno para actuar como le venga en gana, lo cual está "vedado legalmente".

No obstante, el PP cuenta con que el Gobierno tendrá apoyos en la Comisión de Trabajo del Senado, que debatirá el proyecto de ley el próximo miércoles, para salvar la Agencia.

Por ello, los 'populares' también han presentado otra enmienda en la que proponen que su constitución se articule a través de un proyecto de ley, lo cual abriría una tramitación parlamentaria que retrasaría la constitución efectiva e incluso podría no llegar a completarse ante de la convocatoria de las próximas elecciones generales.