El PP rechaza pedir al Gobierno que ratifique la Carta Social Europea porque está negociando algunos cambios

Así lo ha señalado durante la Comisión de Empleo de la Cámara Baja, ante la que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha presentado una iniciativa para instar al Ejecutivo a ratificar las tres ampliaciones de la Carta Social Europea, que reconocen nuevos derechos a los ciudadanos en temas como la protección en caso de despido, la conciliación o la protección contra la pobreza; y también el protocolo de reclamaciones colectivas, que permite a los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales plantear quejas de violaciones de la Carta por parte de los estados.

"El PP y el Gobierno quieren ratificar esta Carta Social Europea, y sigue trabajando para que pueda serlo. Se está trabajando en un texto alternativo con el Comité de Derechos Sociales, y entendemos que hay que dejar al Gobierno que trabaje con tranquilidad para que esta Carta sea ratificada", ha añadido la diputada, recordando además que las "objeciones" que España y otros países plantean al texto son "las mismas" que ya planteaba el PSOE, y se refieren a un "problema de interpretación".

"FUNDAMENTAL Y URGENTE"

El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, cree "inconcebible" que "España repita la maldición de los gobiernos que llegan tarde y a destiempo a los avances económicos y sociales" de la Carta Social Europea, un instrumento "clave" ante el "debilitamiento" de los derechos de los españoles por las reformas de los últimos años.

"Si el Gobierno no ratifica las ampliaciones de la Carta Social Europea es porque tiene voluntad de seguir incumpliéndola, y no quiere asumir el riesgo de ser censurado por el Comité Europeo de Derechos Sociales", ha acusado.

Para la socialista María Teresa Rodríguez Barahona, la ratificación de estos documentos es "fundamental y urgente" --a pesar de que tampoco los últimos gobiernos del PSOE la acometieron--, ya que "tras seis años de crisis y de una política profundamente equivocada y contumaz se están causando unas consecuencias que no deben ser irreparables".

"La Carta Social es un factor de reequilibrio frente a los cambios en los estándares sociales que las reformas del gobierno han introducido y que están fracturando la cohesión social", considera la diputada, que aboga de hecho por modificar la Constitución para garantizar los derechos sociales.

También UPyD y CiU han avanzado su respaldo a la iniciativa, en pro del cumplimiento de los más altos estándares sociales de los países avanzados y en defensa del modelo social europeo que todos los grupos se han comprometido a defender.