PP y PSOE coinciden en revisar las condiciones del plan de pago a proveedores pero no aprueban un texto común

La Comisión parlamentaria de Hacienda ha debatido este jueves una proposición no de ley de los socialistas para pedir al Gobierno que aplique plazos de amortización y de carencia más largos a los préstamos, y que reduzca los tipos de interés.

Así, el secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha advertido de que los tipos de interés "leoninos" que las entidades locales tendrán que comenzar a pagar desde el próximo mes, cuando concluyen los dos plazos de carencia concedidos a los préstamos de 2012, provocarán "problemas más importante si cabe de los que tenían hasta ahora" a los ayuntamientos.

"Por eso pedimos modificar las condiciones que se plantearon inicialmente: ampliar de diez a quince años el tiempo de amortización, elevar uno o dos años más la carencia y bajar los tipos de interés para que entren en la senda de la racionalidad. Con ello no se daña el erario público y además los ayuntamientos han demostrado que saben hacer los deberes y han cumplido con su objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que es momento de darles un respiro", ha añadido.

EL GOBIERNO LO VA A HACER

Frente a esta petición, el diputado 'popular' Juan José Matarí ha defendido una enmienda cuya única diferencia estriba en que pedía al Gobierno que aprobara estas modificaciones "en el menor tiempo posible", subrayando que ya se está estudiando cómo mejorar las condiciones financieras del plan de pago a proveedores tanto en el campo de los plazos de amortización como en los tipos de interés.

Y es que, ha recordado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "ya adelantó hace semanas que se está trabajando" en este sentido, y el propio Cristóbal Montoro "anunció la pasada semana que se mejorarán las condiciones del plan".

"Así que felicidades por su olfato político y por su asombrosa capacidad para proponer lo que el Gobierno ya está haciendo, ese oportunismo con el que intentan lavar su mala conciencia por lo poco y mal que han defendido a las entidades locales en los últimos años. El PSOE llega tarde a la defensa de los municipios", ha añadido, instando a los socialistas a sustituir su propuesta por la enmienda del PP y a "celebrar que gracias a que España va en la buena dirección se pueden mejorar las condiciones" de los créditos.

Zarrías, no obstante, no se ha dejado convencer, y ha emplazado a su vez al partido que da sustento al Gobierno a retirar su enmienda y votar el texto original. "Creo que es la mejor solución, porque el que lo estudien nos da un poco de miedo", ha ironizado, recordando que el Ejecutivo también se comprometió a permitir a los ayuntamientos destinar su superávit a inversiones y no sólo a amortizar deuda, y "han tardado más de un año en permitirlo".

SIETE AÑOS "NEGÁNDOLES EL PAN Y LA SAL"

En cualquier caso, Matarí ha aprovechado su turno para subrayar que el plan de pago a proveedores ha "permitido salvar cientos de empresas y miles de empleos" y ha contrapuesto esta ayuda con la actitud del PSOE que, en el Gobierno, "hacía oídos sordos a lo que proponían los alcaldes" y se pasaron siete años "negándoles el pan y la sal" y "asfixiándoles financieramente".

"Hoy, gracias al PP, los ayuntamientos han sido saneados y en el 90% de los casos han conseguido superávit. Y, gracias a eso, es posible mejorar las condiciones de los préstamos. Por eso se va a hacer, no porque lo pida el PSOE", ha zanjado, recordando que en las tres ediciones del programa se han pagado 11.500 millones de euros correspondientes a más de dos millones de facturas que unos 4.000 ayuntamientos tenían pendientes con 120.000 proveedores.

ES CULPA DE TODOS

Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha templado gaitas en la discusión recordando que las facturas impagadas se acumularon "en administraciones de todos los colores políticos", afeando al PP que se intente "proclamar salvador" y recordándole los casos de ayuntamientos como el de Madrid o el de Valencia.

Además, ha recordado que las únicas objeciones de la formación magenta cuando se optó por esta vía se referían a las escasas condiciones que, a su juicio, se imponía a los ayuntamientos en materia de reducción de gastos superfluos o a la no depuración de responsabilidades. Por eso, ha respaldado la idea de flexibilizar las condiciones financieras de pago "si es posible" hacerlo.

Por su parte, Carme Sayós, de CiU, se ha expresado en el mismo sentido, valorando que este plan fue "una buena solución" ya que "ha permitido salvar muchísimas empresas y puestos de trabajo", aunque ha reconocido que las condiciones de devolución de los préstamos eran demasiado duras.

Por ello, se ha mostrado favorable a modificar las condiciones para permitir que la reducción de la prima de riesgo se traslade también a los tipos de interés. No obstante, no comparte la posibilidad de ampliar los plazos de amortización porque "eso implica trasladar al carga financiera de unas actuaciones que tienen su origen en la deuda comercial del pasado a generaciones futuras".