El PP reforzará la lucha contra el fraude en el IVA de las empresas subcontratistas

Según consta en la propuesta, que recoge Europa Press, las empresas subcontratistas son consideradas por la Agencia Tributaria una de las "áreas prioritarias de control" por presentar "uno de los perfiles de mayor riesgo fiscal".

Así, hasta ahora se intentaba detectar emisores de facturas irregulares y subcontratistas que realizaran actividades reales pero no procedieran al pago de los tributos correspondientes a esos servicios, mediante un sistema "inmediatamente posterior al periodo de las operaciones económicas, adoptándose medidas cautelares y derivando la responsabilidad a los sucesores en la actividad del subcontratista desaparecido".

MEJORAR LA EFICACIA

Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que, en ocasiones, las actuaciones de la Agencia Tributaria "no han tenido la eficacia deseada desde el punto de vista recaudatorio", razón que ha llevado a los 'populares' a proponer un mecanismo que invierta el sujeto pasivo, con lo que no se generará ningún derecho de deducción del IVA soportado en una adquisición de bienes o servicios "sin que correlativamente se haya procedido a la previa declaración e ingreso de la cuota de IVA devengada".

En concreto, la modificación normativa precisa que las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización por contratos entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones estarán sujetas a esta obligación, lo mismo que los en los que "los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas" en dichas condiciones.

CAMBIO EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES

Otra de las enmiendas 'populares' también propone un cambio en la Ley del Mercado de Valores, de aplicación "compleja" y que provoca multitud de "litigios derivados" del régimen fiscal de las operaciones sobre valores que regula el artículo 108, sobre todo en asuntos relacionados con operaciones de reestructuración empresarial que incluyen la transmisión de bienes inmobiliarios.

"Parece claro que el texto actual peca de farragosa y poco clara para su aplicación, por lo que no otorga a los posibles obligados tributarios la necesaria seguridad jurídica que toda norma debe otorgar", argumenta el PP.

En concreto, señala tres problemas: los supuestos de gravamen de transmisiones de valores en el mercado privado, que "sin duda, pueden vulnerar la prohibición de todo gravamen" establecido en directiva europea; el cumplimiento de las exenciones previstas para ciertos gravámenes, y que "la actual regulación ha convertido una norma antifraude en un supuesto de hecho objetivo, en el que no importa si ha existido o no ánimo de eludir la obligación tributaria".

"Todos estos aspectos no pueden sino aconsejar una modificación en profundidad del precepto, que lleva su naturaleza a ser una norma antifraude fiscal que no grave, en ningún caso, las operaciones con valores en el mercado primario y que respete, en el caso de que se aplique, el impuesto que corresponda sólo a los obligados tributarios que utilicen la transmisión de valores para eludir el pago del tributo", simplificando el precepto para "permitir una más fácil interpretación y aplicación".

EVITAR SALDOS NEGATIVOS

Una tercera enmienda precisa que para determinar la base de una sanción en supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas y de presunción de obtención de rentas "no se tendrán en cuenta las cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores o correspondientes al ejercicio objeto de comprobación que pudieran minorar la base imponible o liquidable o la cuota íntegra". Así se evita que se pueda determinar la "inexistencia de base de sanción".

En la misma línea, se señala explícitamente la "incompatibilidad de la sanción" por infracciones en relación con ganancias patrimoniales no justificadas con otras sanciones recogidas en la Ley Tributaria.

Los 'populares' proponen también que sólo cuando la actuación de un sujeto pasivo suponga un perjuicio se le imponga sanción, "pero no cuando se declaren bases y cuotas superiores por incluir, por ejemplo, posibles gastos adicionales", ya que el proceso genera un coste muy alto sin suponer "ingreso alguno" ni "información o control especial". Además, alertan de que este sistema "penalizaría a las empresas aun en el caso de que las cantidades declaradas fueran superiores a las efectivamente devengadas".

El resto de las enmiendas del PP son técnicas para mejorar aspectos como la determinación del ejercicio de imputación de una ganancia patrimonial o recoger las nuevas competencias normativas atribuidas a la comunidad Canaria.

Estas enmiendas se incorporarán al dictamen del proyecto de ley en la reunión de la Ponencia que tendrá lugar este jueves en el Congreso, quedando automáticamente incorporadas al texto normativo.