El PP rechaza tramitar una ley de dación en pago de IU-ICV-CHA para esperar a una directiva de la UE

Con su iniciativa, IU-ICV-CHA regulaba por ley la dación en pago, incluso con carácter retroactivo para quienes ya han sido sometidos a un proceso de desahucio, así como limitar las condiciones que las entidades bancarias deberán respetar a la hora de conceder créditos hipotecarios.

En concreto, se proponía la regulación de las condiciones máximas que las entidades bancarias podrán autorizar al conceder préstamos atendiendo a las circunstancias del usuario, así como fijar los mecanismos para las ejecuciones hipotecarias y los requisitos para poder acogerse a la dación en pago.

El diputado 'popular' Pablo Matos ha afirmado que la iniciativa de IU-ICV CHA "no produce ningún rechazo" sino que "trata aspectos positivos", ya que "el sistema hipotecario español, que lleva más de cien años funcionando y que ha producido enormes beneficios a la sociedad, tiene aspectos que resultan desproporcionados e injustos".

"Sí a la reforma del sistema hipotecario, sí dar solución a esas situaciones injustas y desproporcionadas, sí a una mejor protección de los deudores de buena fe con hipotecas sobre su vivienda habitual, sí a hacerlo a la mayor brevedad posible, pero también sí a poder conocer el resultado de la directiva europea de Crédito Responsable, de las conclusiones de la subcomisión, y a esperar también el informe (de reforma) de la Ley Concursal", ha dicho.

LOS DESAHUCIOS SON UNA "EPIDEMIA SOCIAL"

El diputado de ICV Joan Coscubiela ha explicado que el objetivo de su propuesta es dar solución a esta "verdadera epidemia social que no para de crecer" --con más de 300.000 desahucios desde el inicio de la crisis-- y evitar que se repita en el futuro. Y es que, a su juicio, el código de buenas prácticas del Gobierno es "una falsa solución" a este problema porque "los bancos continúan aceptando la dación en pago de las inmobiliarias y negándoselas a las familias, pese a estar recibiendo ingentes cantidades de dinero público".

"Si grave es no solucionar este problema, más grave aún es generar expectativas falsas", ha reprochado, instando al PP a aceptar el "vital y urgente" debate de "soluciones a este grave problema". Además, ha advertido de que esto sucederá "más pronto que tarde" ya que "la ciudadanía no entenderá" que ante la recapitalización de los bancos no se les impongan "comportamientos distintos" a la "codicia y avaricia" que les han caracterizado hasta ahora.

RESCATAR A LOS CIUDADANOS

La diputada del PSOE Leire Iglesias ha anunciado el voto "positivo" de su partido, apuntando que éste es "un tema de la máxima preocupación" de los ciudadanos, que no han visto mejorar la situación pese al código de buenas prácticas. Además, ha expresado su deseo de que la iniciativa salga adelante y ha adelantado que, en caso contrario, los socialistas presentarán una proposición en la misma dirección esta misma semana.

Sin embargo, ha dudado de la intención del Gobierno y del PP de avanzar por esta vía a la luz de su "política errática en materia de Vivienda", con la recuperación de las deducciones por adquisición, la eliminación de las ayudas al alquiler o a la rehabilitación de viviendas, y el anuncio de una Ley de Arrendamientos Urbanos que "parece que busca facilitar el desahucio".

"Este Parlamento no se puede permitir seguir hablando de rescate financiero, omitiendo el rescate a las personas", ha concluido, instando al PP a "recuperar al menos la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

SOCIEDAD DE LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES

El diputado de CiU Pere Macias ha recordado que "una sociedad moderna es una sociedad de las segundas oportunidades" y ha señalado que, lo mismo que los nacionalistas catalanes reclaman la segunda oportunidad para los empresarios, también los ciudadanos deben contar con esa opción. "Especialmente cuando no han sido responsables de lo que les ha sucedido", sino que ha sido culpa "mayoritariamente de alguien que les concedió irresponsablemente créditos, de que quien tenía que controlar no lo hizo y de que, de alguna manera, el Estado de Derecho ha fallado", ha dicho.

"Es urgente que actuemos cuanto antes", ha reclamado, abogando por que la subcomisión de Transparencia de Productos Financieros --que entre otras cosas abordará el tema de las hipotecas-- siga funcionando durante el verano. "No podemos irnos de vacaciones. Es de responsabilidad, de sentido común y de pura humanidad, mientras hay tantos ciudadanos que se pueden quedar sin vivienda", ha señalado.

Además, ha señalado que este riesgo de perder la vivienda es "uno de los temas que más preocupan e indignan" a los ciudadanos, particularmente cuando las entidades bancarias van a recibir fondos públicos, y ha criticado que las medidas del Gobierno no están siendo todo lo eficaces que sería deseable.

PROTEGER A LOS QUE SIEMPRE PAGAN

Álvaro Anchuelo, de UPyD, ha justificado su respaldo a la propuesta argumentando que los desahucios están afectando a personas con "solvencia sobrevenida" que "han hecho el máximo esfuerzo" por cumplir sus compromisos y, sin embargo, se quedan sin vivienda y con un remanente de deuda "enorme" que les genera "grandes dificultades para rehacer su vida".

Además, ha lamentado que propuestas como la de limitar los intereses hipotecarios de demora, ya aprobadas por el Congreso, no se hayan puesto en marcha, o que no se haya avanzado más en línea con las normativas de otros países, especialmente a la luz de las recomendaciones internacionales a favor de "una reestructuración de la deuda privada". "En un país donde se rescatan ayuntamientos, comunidades, autopistas, cajas de ahorros... parece que el único sector que no puede ser rescatado son los ciudadanos", ha lamentado.

También el PNV votará a favor de la iniciativa. Su portavoz económico, Pedro Azpiazu, ha reconocido no estar de acuerdo con todo el texto, pero sí con su "filosofía", porque "no es posible que quienes han cobrado vergonzosas indemnizaciones millonarias exijan a los ciudadanos, entrampados hasta el último céntimo y poniendo en riesgo su dignidad".

Teresa Jordà, de Esquerra Republicana de Catalunya, ha acusado a los gobiernos, al Banco de España y a las entidades bancarias de estar detrás de este "escándalo" y ha abogado por buscar soluciones "equilibradas" para "proteger" a las "victimas de una crisis que han provocado los de siempre".

La diputada de Geroa Bai, Uxúe Barkos, ha justificado su apoyo a la propuesta en que ésta es una "circunstancia urgente que requiere una iniciativa legislativa" que, a su juicio, no puede esperar a septiembre para empezar a dar soluciones. En la misma línea, el diputado de Equo-Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que "de tanto hablar de bancos a algunos se les olvidan las personas" y ha señalado que se trata de "voluntad, y no de códigos de buenas prácticas voluntarias".