El PSOE exige al Gobierno que defienda "rápido" la legalidad de la norma sobre activos fiscales de la banca

El PSOE ha pedido al Gobierno que sea "claro y rápido" a la hora de defender la legalidad de las garantías concedidas por España a los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) de la banca con el fin de que computen como capital de máxima calidad, que negoció con la 'troika' en 2013 y que está investigando la Comisión Europea para comprobar si pueden ser ayudas públicas ilegales.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario socialista en el Congreso, Juan Moscoso del Prado, recalcó que los DTA no constituyen "ningún tipo de ayuda de Estado" ni representan ninguna ventaja para las entidades financieras españolas.

En su opinión, esta noticia es "una muestra más de la posición de debilidad" del Gobierno español en las instituciones comunitarias, ya que ha sido incapaz no sólo de evitar el rescate al sistema financiero y su coste para los contribuyentes, sino también de que se mantenga de forma estable y en el tiempo lo firmado en 2013.

"Le exigimos al Gobierno español que al menos por una vez defiende los intereses de los españoles en Bruselas como es debido", agregó el diputado socialista.

Asimismo, acusó al Gobierno de no haber detectado que dentro de la Comisión Europea se estaba maquinando "este bajonazo contra España" desde el núcleo duro europeo, que está formado por los alemanes y los holandeses, "precisamente los supuestos aliados del PP español en el PP europeo".

Por otro lado, Moscoso advirtió de que si estos instrumentos fuesen declarados ilegales tendrían "un efecto muy negativo" en la solvencia de muchas entidades españoles e incluso en los contribuyentes, que deberían volver a reforzar con fondos públicos los bancos para cubrir estos activos, "lo cual es inadmisible".

Asimismo, recalcó que el sistema financiero español está sujeto a un normativa fiscal y contable "mucho más exigente" que el alemán o el francés, por lo que exigió a la UE que armonice esta legislación y no persiga prácticas que acordaron la 'troika' y el Gobierno español en el marco del rescate al sistema bancario español.

La Comisión Europea ha iniciado una investigación preliminar para determinar si las garantías que ha concedido España a los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) de la banca con el fin de que computen como capital de máxima calidad constituyen ayudas públicas ilegales. La investigación de Bruselas afecta además a Grecia, Italia y Portugal, que también han recurrido a este tipo de medidas.