PSOE pide al Gobierno apoyo para la pesca sostenible y prohibir importaciones que no garanticen su legalidad

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que insta al Gobierno a tomar medidas para apoyar en mayor medida la pesca sostenible, y propone ideas como prohibir las importaciones que no garanticen un origen legal, crear un nuevo sistema de etiquetado propio para los productos artesanales o declarar Reserva Marina al menos el 10% de la superficie marina española.

En la iniciativa, que será debatida en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, la socialista Consuelo Rumí recuerda que el 77% de la flota española, sin contar el marisqueo a pie o en embarcación, puede considerarse artesanal atendiendo a criterios como el tamaño de la embarcación, la marea máxima en la que faenan y su respeto al medio ambiente y la conservación de los recursos.

Por ello, y aprovechando que la nueva Política Pesquera Común (PPC) busca "garantizar que la pesca y la acuicultura sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental, económico y social, así como dinamizar el sector y asegurar un nivel de vida justo para las comunidades pesqueras", la diputada andaluza cree que es una buena ocasión para apoyar y fomentar la pesca sostenible, en colaboración con todos los agentes implicados.

"Con medidas dirigidas a un sector pesquero más sostenible se puede crear empleo, permitir el acceso al mismo de colectivos con dificultades (como las mujeres o los jóvenes) y contribuir a la fijación de población en las zonas rurales costeras", insiste Rumí.

AVANZAR HACIA UN MODELO MÁS SOSTENIBLE

Para conseguirlo, la propuesta socialista pone sobre la mesa algunas "medidas efectivas y concretas" de apoyo a la pesca artesanal y sostenible, como por ejemplo que sólo los profesionales que trabajan de forma sostenible puedan acceder a los recursos pesqueros dentro de las doce millas de mar territorial, que la flota pesquera pueda acceder a asesoramiento sobre mejoras en materia de eficiencia energética en sus barcos, o que se fomente el turismo pesquero con planes específicos dotados de suficiente presupuesto.

Además, plantea la necesidad de tomar medidas para que todas las pesquerías de arrastre, palangre y cerco, tanto de altura como de bajura, se hayan reconvertido a modelos más sostenibles para el año 2023, así como avanzar en la conversión de la pesca de altura hacia un modelo medioambientalmente sostenible.

En este sentido, el PSOE baraja posibilidades como prohibir las importaciones de pescado que no cumplan una "severa" normativa de calidad, seguridad alimentaria y que garanticen su origen legal; adoptar sistemas de certificación de sostenibilidad y compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa, evaluar el número de embarcaciones de altura y gran altura en función del Rendimiento Máximo Sostenible de cada especie, o mejorar la supervisión y control de la pesca ilegal.

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

Por otra parte, Consuelo Rumí también hace hincapié en la necesidad de concienciar a los ciudadanos sobre los beneficios de la pesca sostenible y, en esta línea, propone crear un sistema de etiquetado específico que permita a los consumidores reconocer los productos de origen artesanal y sostenible, así como reforzar los mecanismos de control sobre la trazabilidad de los productos.

En colaboración con las comunidades autónomas, la diputada socialista cree que habría que aplicar los mismos principios de sostenibilidad a las explotaciones de acuicultura, así como "apostar decididamente, también desde un punto de vista presupuestario" por la investigación en el sector para poder valorar adecuadamente los stocks, estudiar las causas de sus variaciones y definir de forma más correcta las cuotas y los totales admisibles de captura en cada pesquería.

Finalmente, la iniciativa sugiere ampliar la red de Reservas Marinas hasta alcanzar al menos el 10% de la superficie marina nacional, desarrollando en ellas actividades de formación, investigación y turismo; así como apoyar la creación de reservas marinas en aguas internacionales. También defiende la necesidad de evaluar el cumplimiento de las normativas europea y nacional de protección del medio marino en materia de contaminación.