PSOE e Izquierda Plural exigirán hoy al Gobierno que permita renovar las ayudas a préstamos subsidiados

Ambas formaciones defenderán en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja sendas proposiciones no de ley, con las que instan al Ejecutivo a mantener unas ayudas que se han anulado tanto en su nueva concesión como en su renovación, lo que podría afectar a cerca de 300.000 ciudadanos en toda España, muchos de los cuáles verán incrementada su cuota hipotecaria hasta en 400 euros más al mes.

Así, la socialista Leire Iglesias reclamará al Gobierno que dé marcha atrás tanto en decreto ley de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, que eliminó la subsidiación incluso para ayudas ya solicitadas pero no concedidas, como en la Ley de Fomento del Alquiler, que prohíbe su renovación cuando venzan.

MANTENER LOS DERECHOS

El objetivo de la iniciativa del PSOE es que el Gobierno reconozca "las prórrogas de la subsidiación de préstamos convenidos a aquéllos que cumplan con los requisitos establecidos para las mismas y con los mismos periodos existentes en el momento en el que se les concedieron", así como "mantener el derecho" a percibir estas ayudas a quienes lo hubieran solicitado antes de la entrada en vigor de su eliminación.

Según la diputada, la eliminación de la renovación de los préstamos subsidiadios supone aplicar la medida con carácter retroactivo y conculcando derechos ya adquiridos por los ciudadanos. De hecho, ése es uno de los argumentos utilizados por el PSOE en el recurso de inconstitucionalidad que presentó este verano contra la Ley de Fomento del Alquiler.

Por su parte, la Izquierda Plural reclama al Gobierno con su iniciativa que "tome las medidas oportunas para que puedan concederse las prórrogas en la subsidiación de préstamos convenidos a todos los beneficiarios que cumplan los requisitos", muchos de los cuales podrían incluso perder su vivienda de no mantenerse estas ayudas.

Además, critica que el Gobierno haya cancelado las prórrogas de estas ayudas "con carácter retroactivo", lo que provocará "graves prejuicios" a los ciudadanos que decidieron adquirir su vivienda protegida en plena burbuja inmobiliaria, y que necesitan de estas ayudas para hacer frente a sus gastos.