PSOE, IU-ICV, UPyD, PNV, BNG, ERC y Amaiur rechazan la ley de Mutuas y piden su devolución al Gobierno

En las diferentes enmiendas de totalidad, que recoge Europa Press, las formaciones expresan su temor a que se perjudique la salud de los trabajadores por aplicar criterios meramente económicos en la gestión de sus bajas, y argumentan que con este proyecto se abre la puerta a la privatización encubierta de la Sanidad y de la Seguridad Social. Sólo los nacionalistas vascos discrepan y ven un excesivo "intervencionismo" público en las mutuas.

Así, los socialistas critican que esta modificación "sustancial" de un ámbito "tan importante" como el de la Seguridad Social se haya planteado "sin diálogo social" ni una "reflexión amplia", y critican que el Ejecutivo opte una vez más por una "política de hechos consumados" y utilice el "pretexto de cubrir lagunas legales e integrar la dispersión de la pluralidad de normas" para, en realidad, plantear un "cambio drástico" en la normativa.

CAMBIAN HASTA EL NOMBRE

Además, temen que el cambio de la denominación de las mutuas --que pierden la referencia a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales-- esconda la intención de "utilizar el espolón de las mutuas para seguir abriendo brechas en la gestión pública de la Seguridad Social" en aras a una posible "privatización", a la que se opondrá "frontal y radicalmente", según avisa en el texto.

Pero, además, reprocha que no se use la ley para "avanzar en la modernización del funcionamiento de las mutuas" en aspectos como la "delimitación y clarificación de su patrimonio" o la "democratización" de su funcionamiento. "No sólo no se ahonda en la transparencia, sino que se da pasos hacia atrás, como sucede por ejemplo con las retribuciones de los directivos", añaden los socialistas.

Por contra, únicamente se pretende "incidir en el control del gasto" que provocan las bajas temporales, dando un mayor poder de control a las mutuas y "recortando derechos de los trabajadores", incluso a costa de su salud y de la independencia de los servicios sanitarios públicos, a los que se impone un "sistema burocrático e ineficiente" de notificaciones.

El PSOE rechaza también las dos "presunciones" sobre las que se basa este proyecto --la "duda sobre la veracidad de la enfermedad padecida" y la "desconfianza hacia el médico"-- y advierte de que haría falta "volver a situar a las mutuas en lo que debe ser su núcleo natural de actuación", es decir, la prevención de riesgos profesionales y la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, reflexionando así sobre la "oportunidad" de que sigan gestionando otras contingencias y coberturas que "no les son propias".

RECONSIDERAR SUS FUNCIONES

También opina así la Izquierda Plural, que en su enmienda señala que el Gobierno debería aprovechar esta ocasión para "reconducir las distorsiones" en las funciones de las mutuas que se han creado con los años en lugar de "darles carta de naturaleza" y "abrir la vía definitiva al cambio de naturaleza" de estas entidades.

"Debería haberse abordado una reconsideración de las funciones que tienen adjudicadas a partir de una valoración y evaluación de sus resultados en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo", añade la coalición, que se declara en contra de que las mutuas se "deslicen en funciones que no tienen nada que ver" con su objetivo original.

Y es que el principal temor de IU-ICV-CHA es que las prestaciones económicas y sanitarias a que tienen derecho los trabajadores acaben sujetas a consideraciones "mercantilistas en las que el derecho a la salud se somete a supuestos valores superiores como la eficiencia económica o la rentabilidad empresarial" bajo la excusa de que las mutuas ofrecen una gestión más eficiente.

A este peligro de "externalización de la Seguridad Social" se une el "cuestionamiento de la competencia sanitaria de los servicios públicos de salud" al permitir que las mutuas "fiscalicen y se opongan a sus criterios sanitarios" a la hora de conceder o levantar bajas temporales.

EVITAR ABUSOS COMO LOS DE LAS CAJAS

UPyD, por su parte, coincide en criticar el cambio de denominación de estos entes, que "no debería en ningún caso implicar a la larga la posibilidad de que se igualen a las entidades gestoras de la Seguridad Social, pero centra gran parte de su enmienda en cambios como los relativos a las reservas y fondos que deberán tener las mutuas, que "tal y como se regulan pueden derivar en abusos de ingeniería financiera".

"No es razonable la escasa regulación de un apartado importante y que da lugar a posibles usos indebidos como el de los gastos de administración. Este asunto tiene máxima relevancia ya que estos gastos, a pesar de los límites existentes, han sido muy superiores a los de las entidades gestoras, dando lugar a fraudes y mala gestión. Eso además cuestiona claramente que la gestión por las mutuas sea más conveniente", dice la formación magenta, que reclama más medidas de "vigilancia y control" en esta materia.

También ve "poco justificados" e "imprecisos" los límites a las retribuciones de los directivos, y define como "laxo" el régimen de incompatibilidades y el de responsabilidades, necesario para "evitar que se puedan producir casos similares a los sucedidos en las cajas de ahorro por eludir su obligación de control".

La formación magenta discrepa por último de la decisión de dar a las mutuas más poder para controlar las bajas o de asignarles la gestión de nuevas prestaciones económicas, ya que en el pasado se han mostrado "ineficientes" y "no han logrado reducir el fraude" ni el absentismo.

Asimismo, coincide en que existe un "riesgo potencial de privatización encubierta" del Sistema Nacional de Salud o de aparición de "dos líneas sanitarias" que acaben con la igualdad de acceso a los servicios sanitarios.

VULNERA COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

Esquerra Republicana de Catalunya, por su parte, cree que esta reforma supone "un nuevo recorte al derecho a la salud", un "paso más en la privatización de la sanidad" y un ejemplo más de "centralización y homogeneización" desde el Estado. "A la postre, el proyecto responde a unos intereses económicos, pero situar la salud de los trabajadores en una lógica economicista es extremadamente peligroso", advierte.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG), por su parte, cree que dar más poder a las mutuas en las bajas temporales supone "una privatización progresiva de la gestión de las salud" de los trabajadores, que quedan "más desprotegidos" porque "priman los criterios economicistas, sobre todo de ahorro en gasto médico, sobre los criterios de salud". Asimismo, avisa del riesgo que corren los servicios de prevención de riesgos laborales.

En cuanto a Amaiur, considera la ley un "retroceso importante en el sistema público de salud, una vía abierta a la privatización de importantes servicios sanitarios y un más que previsible atentado contra la salud de los trabajadores", y advierte de que se vulneran competencias autonómicas.

PUBLIFICACIÓN DE LAS MUTUAS

Algo con lo que coincide el PNV, que además carga contra este proyecto por consolidar la "fuerte tendencia intervencionista" de los últimos años, "dirigida a tratar a las mutuas cada vez más como si fueran entidades públicas", lo que "esta poniendo en riesgo las importantes aportaciones que hacen a la Seguridad Social, la calidad de su servicio y su competitividad".

"Este proyecto profundiza en la publificación del sector y en una absoluta limitación de su autonomía gestora y de gobierno", señalan los nacionalistas vascos, apuntando que se subordina a las mutuas a la Seguridad Social y se atribuye a Empleo competencias en "todos los ámbitos" de su gobierno y organización.