El PSOE exigirá hoy resolver la concesión a Repsol en Canarias y suspender las prospecciones en Baleares

Así consta en la moción que se deriva de la interpelación al ministro de Energía, José Manuel Soria, celebrada el pasado 17 de diciembre. El texto, que recoge Europa Press, será debatido en el Pleno del Congreso este miércoles aunque su votación no tendrá lugar hasta el jueves, si bien es previsible que resulte rechazado dada la mayoría absoluta de la que el PP goza en la Cámara.

En concreto, el principal partido de la oposición reclama que, tras la decisión de Repsol de renunciar a efectuar más sondeos frente a las islas de Fuerteventura y Lanzarote para buscar hidrocarburos, el Gobierno dé por resuelta la autorización que había concedido a dicha empresa. Además, quiere que se suspendan "con carácter inmediato" los permisos de investigación y exploración en tramitación o ya concedidos en el mar Mediterráneo.

NO AL FRACKING

Por otra parte, los socialistas exigen también que se paralicen todas las actividades de exploración, investigación o explotación mediante la técnica del fracking y que no se den nuevas licencias "en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de riesgos ambientales" ligados a esta técnica de extracción de hidrocarburos.

Estas tres reclamaciones son el punto de partida para comenzar a debatir un nuevo modelo energético para el país, que el PSOE cree que debe basarse en "la sostenibilidad económica y medioambiental", en una menor dependencia de los combustibles fósiles, en una apuesta "clara" por las renovables y en una reducción de la dependencia energética a la par que se favorece el ahorro y la eficiencia.

Para avanzar hacia esta "transición energética", debería comenzarse por promover un cambio en las leyes de Hidrocarburos, de 1998, y en la de Evaluación Ambiental, aprobada en diciembre de 2013, para "aumentar la exigencia ambiental en la evaluación de impacto" de las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, valorando tanto el impacto en el medio natural como en actividades económicas como la pesca o el turismo, que "pueden resultar negativamente afectados".

En concreto, el PSOE propone obligar a las empresas que quieran desarrollar actividades de este tipo de prestar "garantías financieras suficientes" para responder ante eventuales daños que sus actividades puedan provocar.