PSOE quiere que los ayuntamientos primen el empleo al elegir inversiones y el PP apuesta por el menor precio

Así se recoge en las propuestas de resolución presentadas al 'Informe de fiscalización sobre las actuaciones realizadas por los ayuntamientos con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL)' del Tribunal de Cuentas.

En dicho documento, el organismo fiscalizador critica el plan extraordinario de inversiones municipales de 2009, creado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para luchar contra la crisis, por considerar que ni su diseño ni su gestión permitieron que cumpliera los objetivos de creación de puestos de trabajo para los que fue ideado.

A resultas de este informe, los socialistas presentan una docena de recomendaciones a las entidades locales, que será debatidas el martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, incluyendo la sugerencia de "primar, como criterio de valoración a la hora de seleccionar proyectos, el de creación de empleo sobre el de la necesidad pública".

HA HABIDO MEJORAS

En sus propuestas, que recoge Europa Press, el PSOE también valora las "mejoras observadas en el proceder de las entidades locales" con respecto a la ejecución del antecesor del FEESL, el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), que se ejecutó a lo largo de 2008 y que también fue criticado por el Tribunal de Cuentas.

Soslayando la crítica a dicho programa, el principal partido de la oposición "anima" al Tribunal a "continuar potenciando procedimientos de fiscalización de tipo horizontal" y a seguir incluyendo en sus análisis a las entidades locales.

A ellas destina la mayor parte de sus sugerencias. Junto a las ya mencionadas, los socialistas emplazan a los ayuntamientos a velar por que los adjudicatarios de proyectos públicos cumplan sus compromisos, a adoptar medidas "precisas" de planificación y viabilidad financiara para evitar retrasos en la puesta en marcha de las infraestructuras, limitar "muy estrictamente" los modificados de contrato y "garantizar" los plazos de ejecución.

Asimismo, recomiendan a las corporaciones municipales que justifiquen "adecuadamente" el uso de los fondos recibidos, que eviten la cofinanciación de proyectos de inversión con otras fuentes de financiación y el fraccionamiento de contratos, que utilicen con carácter general los procedimientos abiertos y que especifiquen en los contratos de adjudicación los métodos de valoración.

CERRAR EL PLAN E

También el PP recoge entre sus recomendaciones que se impulse la puesta en marcha de las infraestructuras financiadas con cargo al FEESL que aún no están en servicio, que terminen la instrucción y la justificación de los proyectos aún pendientes para poder solicitar el reintegro de fondos en los que no han sido ejecutados o en los que se han incumplido las condiciones, y que se cancelen las cuentas corrientes que aún permanecen abiertas.

Por otra parte, los 'populares' creen que en futuras medidas extraordinarias de financiación los ayuntamientos deberían realizar estudios valorativos para seleccionar los proyectos de forma planificada y teniendo en cuenta cuáles se ajustan técnica y financieramente mejor a las necesidades y a la situación de la entidad.

En este sentido, el partido que da apoyo al Gobierno discrepa de los socialistas y cree que, sin perjuicio de los criterios de selección que se utilicen, deberían "primarse las mayores bajas" en los precios, y también aboga por que los pliegos de condiciones sean claros y precisos, que la preparación y adjudicación de contratos tengan "mayor rigor" para evitar modificados, y que la necesidad de la inversión se "acredite adecuadamente".

PLAN FINANCIERO EXTRAORDINARIO

En cuanto a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), reclama que se cumplan las recomendaciones del Tribunal en los proyectos del FEESL que aún no están terminados, y que se tengan también en cuenta en futura medidas extraordinarias.

En este sentido, reclama al Gobierno un plan financiero de medidas extraordinarias para promover la inversión pública, fomentar el empleo y desarrollar actuaciones de gasto social, que sea debatido en sede parlamentaria.

Por último, CiU aprovecha sus propuestas de resolución para responsabilizar del fiasco del FEESL al Gobierno central, ya que diseñó un plan "precipitado y cortoplacista", que "impidió una adecuada selección, financiación, contratación y ejecución de proyectos por parte de los ayuntamientos", lo que causó el incumplimiento de objetivos que señala el Tribunal de Cuentas.

Además, reclama que todas las administraciones públicas adopten buenas prácticas en la selección de proyectos de inversión que "ofrezcan una mayor viabilidad económica y que mejor garanticen la sostenibilidad de las inversiones" y sugiere que se busque un "mayor rigor" en la preparación y adjudicación de contratos mediante el establecimiento de criterios "claros y precisos" para evitar modificaciones.