El PSOE pide que una subcomisión del Congreso analice la economía sumergida y proponga medidas

El PSOE quiere que los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Empleo, Fátima Báñez, comparezcan en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas que pondrán en marcha desde sus departamentos en esta segunda mitad de la legislatura para luchar contra el fraude fiscal, laboral y la economía sumergida, y reclama también que se constituya una subcomisión parlamentaria que estudie estos fenómenos, presente un informe anual y proponga sus recomendaciones.

Así lo ha explicado este jueves el portavoz socialista de Hacienda en la Cámara, Pedro Saura, quien teme que la reforma tributaria que está preparando el Ejecutivo suponga un "nuevo sablazo" para las clases medias. "Cuidado, manos a las carteras, que viene Montoro, que es el enemigo público número uno de la lucha contra el fraude y la economía sumergida", ha llegado a decir el diputado murciano.

Y es que si la economía sumergida supone ya el 24,6% del PIB, según datos del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, es porque el titular de Hacienda es un "colaborador necesario" de este tipo de actitudes, ya que no pone medidas para luchar contra la economía sumergida y, además, "ha creado una crisis" en la Agencia Tributaria (AEAT).

CUATRO CAUSAS, UN GRAN PROBLEMA

Saura ha resumido en cuatro las causas de este alto nivel de economía sumergida y del incremento que ha experimentado en los últimos años. Por una parte, la "reducción paulatina" de las plantillas de la AEAT, que además se agravará en los próximos años por las jubilaciones previstas.

Pero, además, por la decisión de destinar el 80% de los inspectores a perseguir el pequeño fraude, a pesar de que el 70% de la evasión la protagonizan las multinacionales, grandes empresas y grandes patrimonios. "Hay que reorganizar el trabajo de la AEAT", defiende el socialista.

Asismismo, Saura señala el "ataque" del Gobierno a la conciencia fiscal con la 'amnistía fiscal' y el "uso y abuso" de la Agencia por parte de su dirección política para favorecer los "intereses ocultos del PP y del Gobierno"; y también responsabiliza a una reforma laboral que es "una máquina de crear empleo sumergido" al sustituir puestos de trabajo estables y a tiempo completo por otros a tiempo parcial que necesitan de "horas de trabajo en negro".

Todo esto ha provocado que, siempre según los datos de Gestha, la economía sumergida suponga ya 253.000 millones de euros y que las arcas públicas dejen de ingresar por este problema 83.000 millones al año, una cifra superior al déficit de 70.000 millones que suman todas las administraciones públicas españolas.

REFORMA FISCAL

Así las cosas, Saura cree que si los próximos cambios tributarios no tienen como "piedra angular" la lucha contra el fraude no quedará otro remedio que dar un "nuevo apretón de tuerca" a las rentas medias, después de dos años en los que "ya se ha subido los impuestos a todo lo que se mueve". "Como no todos pagan hay que incrementar los impuestos", ha resumido.

Sin embargo, el principal partido de la oposición cree que se podrían aplicar otras medidas --hace una semana presentó una proposición no de ley con una veintena de propuestas en este sentido--, como por ejemplo prohibir los billetes de 500 euros, que suponen el 73,7% del dinero en circulación en España, que aglutina el 14% de todos los billetes de esta cuantía de la UE. Una cifra "muy superior al peso" de nuestro país en la economía comunitaria.

Pero, además, el PSOE también exige que Montoro comparezca ante la Comisión parlamentaria de Hacienda para analizar el problema de la economía sumergida y el fraude fiscal y ver las medidas previstas por el Gobierno para luchar contra ello; así como que Báñez dé cuenta a la Comisión de Empleo de las consecuencias de la reforma laboral en esta materia.

Asimismo, reclama un informe anual sobre la situación y evolución del fraude y la economía sumergida en España y la creación de una subcomisión dependiente de la Comisión de Hacienda del Congreso donde estudiar este fenómeno, extraer conclusiones y plantear recomendaciones de mejora a todas las administraciones públicas.