El PSOE supedita su apoyo a la 'licencia exprés' a la retirada del título sobre la 'amnistía fiscal'

El PSOE ha anunciado este jueves que sólo votará a favor de la convalidación del decreto de simplificación de las trabas administrativas para abrir un negocio en el Pleno del Congreso si el Gobierno retira de la norma el título relativo a la 'amnistía fiscal'.

Así lo ha anunciado la diputada socialista Puerto Gallego, quien ha señalado que la modificación introducida a la amnistía fiscal por esta vía supone "proteger a los defraudadores y ampliar el plazo para que ordenen sus asuntos".

"El Consejo de Estado dictaminó que había que suprimir este párrafo, y ahora lo intentan colar aquí de rondón. La amnistía fiscal carece de toda justificación ética y política, y el PSOE la rechaza de plano. Les pedimos que retiren este apartado del decreto ley; Si no, no podremos aprobarlo", ha añadido.

HACEN FALTA CONTROLES EFECTIVOS

Por otra parte el PSOE, como la mayor parte de la oposición, ha expresado su apoyo a la decisión del Gobierno de sustituir las licencias comerciales por declaraciones de responsabilidad, aunque ha advertido de la necesidad de establecer controles efectivos para evitar "problemas" que "pagarán" los ciudadanos.

También ha lamentado que se supriman las licencias que tenían su causa en razones de protección medioambiental, de seguridad o de salud pública, y ha pedido al Gobierno que fije un "mínimo común denominador" para evitar "desigualdades" territoriales en materia de controles y exigencias a los comercios.

Finalmente, el PSOE ha puesto en duda la inclusión de las entidades colaboradoras en las actividades de comprobación, porque su contratación supondrá un nuevo gasto para los ayuntamientos, y ha puntualizado que aunque recurrir a ellas es "opcional, muchos ayuntamientos tendrán que contratar porque no podrán hacer una buena labor de control por sí mismos".

DECRETO PRECIPITADO

Gallego ha criticado también la presentación "precipitada" de un decreto "que improvisa" y que modifica muchos aspectos diferentes. Asimismo, ha reprochado al Gobierno que, "una vez más", recurra a la vía del decreto ley para aprobar una norma. Algo que se ha repetido a lo largo de todo el debate.

Así, el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, ha criticado que el decreto mezcle aspectos muy diversos, dificultando el voto de la oposición, y ha lamentado que el Gobierno, ante un "problema real" opta por la "vía fácil" de eliminar la licencia de apertura en lugar de hacer que "funcione la administración". "La licencia de apertura no es un capricho, sino un método para evitar problemas", ha dicho, advirtiendo de que esta desregulación no permitirá garantizar exigencias de ruido o control de humos, entre otras cosas.

Sin embargo, lo que "verdaderamente preocupa" a la Izquierda Plural de este decreto es el apartado que "convierte al Estado en intermediario en el comercio de armas". "Defendemos el mantenimiento de las empresas que fabrican armas, pero de ahí a que a partir de ahora sea el Estado el que firme los contratos de exportación hay un camino que no queremos recorrer. La crisis no lo justifica todo, y no puede servir para decir al mundo que de la crisis se sale produciendo y vendiendo más armas", ha dicho, reclamando que se mantenga el papel público de control del destino del armamento.

Finalmente, Centella ha anunciado que su grupo comenzará cada intervención parlamentaria exigiendo al presidente, Mariano Rajoy, que "no se esconda más y que venga a la Cámara a dar explicaciones (del rescate) como corresponde a un país democrático".

ABORDAR EL PROBLEMA DE FONDO

El responsable de Economía de UPyD, Álvaro Anchuelo, ve "inteligente" la solución propuesta a un "problema" que hace que España ocupe el puesto 133 de 183 en el ranking del Banco Mundial de facilidades para hacer negocio, lo que afecta también a la competitividad del país. Sin embargo, ha recordado la necesidad de incluir sanciones disuasorias y un control a posterior efectivo, así como de abordar en algún momento el "problema de fondo", que es la "proliferación legislativa con efectos económicos".

Asimismo, ha señalado que este "variopinto y heterogéneo" decreto incluye un sistema de exportaciones de defensa positivo que ya funciona en otros países, pero ha matizado que "si el Gobierno va a ser intermediario habría que exigir más transparencia y control parlamentario en este tipo de contratos, así como sobre el uso final que las armas vayan a tener".

"Nos parece bien en general el contenido del decreto", ha concluido, señalando no obstante que "las formas también son importantes", en referencia a una nueva aprobación por decreto "no siempre justificados" y que además "mezclan temas" que no tienen nada que ver entre sí, lo que "deteriora la calidad democrática del país". Por eso, ha anunciado que su grupo tendrá en cuenta negativamente para decidir su voto que el Gobierno siga usando esta vía. También ha reprochado que la "precipitación" del Gobierno con algunas decisiones como la amnistía fiscal exijan "continuas correcciones" aprovechando esta vía.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha criticado también la tramitación como decreto ley. "No veo la urgencia. Creo que lo que pasa es que el Gobierno tiene una idea, un apretón, y aprovecha para aprobar otros temas que tiene en el cajón saltándose el trámite parlamentario. No son formas y cada vez ocurre más", ha criticado, advirtiendo también de ciertas invasiones competenciales que espera se subsanen en su tramitación como proyecto de ley.

Asimismo, ha calificado el decreto de "popurrí de medidas sin cohesión ni consistencia" y ha defendido que hace falta "reducir cargas y agilizar los trámites en los ayuntamientos", apostando por la creación de la Ventanilla Única.

RECHAZO AL TÍTULO SOBRE DEFENSA

Por parte de ERC, Teresa Jordá ha criticado el proceso de liberalización de horarios comerciales ya que a su entender esta política "beneficia a las grandes superficies". "Defendemos un modelo catalán de éxito, que apuesta por una oferta ordenada, compatible, variada y de calidad, que ustedes quieren dinamitar para favorecer a las grandes empresas", ha añadido.

La diputada de Geroa Bai, Uxúe Barkos, ha anunciado su abstención al estar "muy de acuerdo" con todo lo relativo a la 'licencia exprés' pero mantener un "desencuentro absoluto" con respecto a la exportación de material de defensa. Por parte de UPN, Carlos Salvador ha criticado que el Gobierno vuelva a utilizar la figura del decreto ley, si bien aplaude que se intente "buscar crear en España una verdadera cultura del emprendimiento".

CIU Y EL PP VOTARÁN A FAVOR

El responsable económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha aplaudido esta "muy buena noticia" que facilitará los trámites a los emprendedores, si bien ha considerado que "no es suficiente" y ha reclamado una Ley del Emprendedor que garantice el acceso a la financiación y mecanismos fiscales y administrativos para favorecer al sector.

Aprovechando la tramitación de la iniciativa como proyecto de ley, ha propuesto medidas para la reactivación comercial a través de las asociaciones profesionales de los centros comerciales urbanos, para promover la colaboración público-privada y que puedan competir con las grandes superficies. CiU ha manifestado también su apoyo al título sobre la exportación de defensa, añadiendo que hay "mecanismos suficientes" en el Congreso para garantizar el control de estas transacciones comerciales.

Finalmente, la 'popular' Belén Juste ha dicho que el objetivo es "apoyar al tejido productivo" creando un "marco de regulación básico del procedimiento administrativo común" que ponga a España "en línea con la UE" y ha pedido a la oposición su voto a favor alegando que "hoy más que nunca los españoles trabajar unidos en la misma dirección".