París destinará 2.600 millones de euros a las clases más desfavorecidas

En un discurso retransmitido por radio y televisión, el jefe del Estado francés reconoció que los datos económicos de la crisis "son inquietantes" y apeló al "esfuerzo" colectivo y a la "justicia" para salir de la actual situación y "modernizar Francia", pero sin perder la "sangre fría" y el "espíritu de la responsabilidad".

Sarkozy insistió en que Francia "aguanta mucho mejor que otros países", después de haber citado expresamente el caso de España, donde dijo que "se han perdido 500.000 empleos durante el cuarto trimestre de 2008, es decir cinco veces y media más que en Francia en el mismo período".

Tras una reunión de varias horas con los sindicatos, la patronal y la plana mayor del Gobierno, Sarkozy anunció a los franceses que no aumentará el salario mínimo interprofesional, en línea con las demandas de los empresarios, ya que afecta a "uno de cada diez trabajadores".

Abogó, sin embargo, por que las empresas del CAC-40, índice de referencia de la Bolsa de París, destinen a los trabajadores parte de los 50.000 millones de euros que repartirán en dividendos y que, si las conversaciones entre los agentes sociales no prosperan en ese objetivo "rápidamente", el Estado se verá obligado a "asumir sus responsabilidades".

El Gobierno creará, además, un "fondo de inversión social" que estará dotado con entre 2.500 y 3.000 millones de euros para coordinar los esfuerzos en materia de formación y empleo y suprimirá "los dos últimos tercios provisionales del impuesto sobre la renta en 2009" para más de cuatro millones de hogares desfavorecidos, que se ahorrarán de media 200 euros.

"Es mi deber ayudar a las clases medias", declaró Sarkozy, cuya reducción de impuestos para las capas más frágiles de la sociedad representarán unos 1.100 millones de euros que el Estado dejará de ingresar.

La medida se conoce al día siguiente de que el Gobierno francés admitiera que el déficit presupuestario alcanzará en 2009 el 4,4% del Producto Interior Bruto (PIB) y el de la Seguridad Social rozará los 15.000 millones de euros.

El paquete contra la crisis llega al tiempo que la Comisión Europea (CE) intenta que las estrategias de Francia para luchar contra la crisis no conduzcan a este país a incurrir en una situación de déficit excesivo.

Por otro lado, Sarkozy dijo que se habilitará un sistema de crédito fiscal para los dos millones de familias cuyos ingresos sobrepasan ligeramente los de quienes no tendrán que pagar parte del impuesto sobre la renta.

Además, habrá un subsidio suplementario de 200 euros para que las familias que tengan a su cargo personas que necesitan ayuda puedan contratar los servicios de profesionales para atenderles.

Las familias con más de tres hijos se beneficiarán a partir de junio de una prima suplementaria de 150 euros, que se sumará a los 161 euros mensuales que reciben actualmente, detalló Sarkozy, que ya había esbozado sus propuestas antes de la reunión con los agentes sociales.

Además, dentro de las iniciativas relacionadas con el empleo, se destinará una ayuda de hasta 500 euros desde el próximo mes de abril a los parados que hayan trabajado un mínimo de dos meses, que suponen un total de 234.000 personas.

El Estado también incitará a las empresas para alcanzar una indemnización de desempleo parcial que suponga el 75% del salario bruto de los trabajadores.

El presidente reconoció que no ha habido "acuerdo en todo" con los agentes sociales -las centrales sindicales CGT, CFDT, FO, CGC y CFTC, a las que acompañaron del lado de la patronal los representantes de CGPME, Medef y UPA- pero subrayó que existen "puntos de convergencia sobre aspectos importantes" para los ciudadanos.

Los sindicatos, por su parte, no han desconvocado la huelga general del próximo 19 de marzo y se han mostrado moderadamente insatisfechos con las medidas del presidente.

A la reunión asistieron también el primer ministro francés, François Fillon; los titulares de Asuntos Sociales, Brice Hortefeux; de Economía, Christine Lagarde, y de Presupuesto, Eric Woerth, así como el secretario de Estado de Empleo, Laurent Wauquiez, entre otros delegados del Ejecutivo.