El Parlamento catalán debatirá si "expropia temporalmente" pisos a bancos para evitar desahucios

El Parlament debatirá en el pleno del 19 y 20 de junio una proposición de ley del PSC para reformar la Ley de Derecho a la Vivienda de forma que la Generalitat pueda forzar "expropiaciones temporales" de pisos a los bancos con el fin de evitar desahucios, una iniciativa inspirada en el decreto impulsado por la Junta de Andalucía.

La propuesta contempla expropiaciones de un máximo de tres años y de la que podrían ser objeto los bancos, las entidades financieras en general y sus filiales inmobiliarias, algo que, según el PSC, serviría para combatir "la emergencia social" de los desahucios.

Según la propuesta presentada por el PSC, la expropiación forzosa no puede ser a particulares, y está pensada para "dar cobertura necesaria de vivienda a personas en circunstancias especiales de emergencia social".

Las familias que se podrían beneficiar de esta ley serían las que estén afectadas por un proceso de desahucio, que estén destinando más de una tercera parte de sus ingresos al pago de la hipoteca, y las que el conjunto de los ingresos familiares no supere tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que son unos 1.600 euros.

Hace un mes el PSC ya defendió ante el pleno otra iniciativa para modificar la Ley de Derecho a la Vivienda, en este caso para que volviese a contemplar la posibilidad de imponer el "alquiler forzoso" de una vivienda, tal y como preveía la norma del gobierno tripartito hasta que el Govern de CiU derogó este punto dentro de las 'leyes òmnibus' en 2011.

En este caso el Parlament rechazó la moción por un estrecho margen de votos --63 'no' frente a 61 'sí'--, convirtiéndose en una de las pocas votaciones de la legislatura en las que CiU y ERC votaron divididos: los nacionalistas votaron en contra junto al PP, y los republicanos a favor junto a PSC, ICV-EUiA, C's y CUP.

El próximo pleno debatirá también tres proposiciones de ley --que se unirán en un solo debate-- sobre igualdad: una presentada conjuntamente por CiU y ERC y otras dos de PSC e ICV-EUiA.

Pese a presentarlas por separado, socialistas y ecosocialistas defenderán una misma proposición sobre igualdad, ya que se inspira en el anteproyecto de Ley de Igualdad que presentó el último gobierno tripartito pero que no llegó a aprobar.

Presumiblemente, las tres proposiciones de ley superarán la admisión a trámite en el pleno para fundirse en una sola ley de igualdad a partir de los trabajos en comisión parlamentaria.

TRAS LAS CRÍTICAS

El pleno de la próxima semana contará así con el debate de hasta cuatro proposiciones de ley --contando por separado las tres sobre igualdad--, una circunstancia que llega tras las críticas contra CiU y ERC del resto de grupos por "bloquear" sus propuestas.

Tras la anterior reunión de la junta de portavoces --en la que se decidió que no irían al pleno proposiciones de ley de la oposición pese a que duro solo un día y medio-- arreciaron las críticas del resto de grupos, que acusaron a CiU y ERC de frenar las iniciativas de los demás.

De hecho, en lo que va de legislatura --y sin contar el próximo pleno de los días 19 y 20-- solo se han debatido cinco proposiciones de ley, siendo varios los plenos en los que no aparecía ninguna proposición de la oposición.

COMISIÓN DEL 'FRACKING'

La junta de portavoces ha acordado también que el diputado de CiU Lluís Guinó sea el presidente de la comisión de estudio sobre el 'fracking', cuya creación aprobó por unanimidad el Parlament en abril y se ha retrasado por desacuerdos sobre la presidencia.

En la reunión de este martes se ha repetido también el debate sobre la acusación contra 20 manifestantes que participaron en el bloqueo a la Cámara el 15 de junio de 2011, e ICV-EUiA y CUP han reiterado su voluntad de que el Parlament se retire de la causa.

ERC ha trasladado sus recelos sobre que esta causa la lleve la Audiencia Nacional y no la justicia ordinaria, y ha reclamado que el abogado que representa al Parlament en esta causa medie para reducir la petición de penas de tres años de cárcel solicitadas inicialmente.