La Ley de Patentes sale del Congreso con el apoyo de PP y CiU y la abstención de PSOE e IU-ICV

La Comisión de Industria del Congreso ha dado este martes luz verde con el apoyo de PP y CiU y la abstención del PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) al proyecto de ley de Patentes, que ahora será enviado al Senado para que continúe con su tramitación parlamentaria.

La norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre, pretende reforzar el marco jurídico de protección de los inventos introduciendo un nuevo sistema simplificado de examen previo que garantice que sólo acaben dándose "patentes fuertes", acabando así con las llamadas "patentes curriculares".

Tras su paso por el Congreso el texto original ha incorporado la cuarentena de propuestas del PP pero también ha quedado modificado por una decena de enmiendas de PSOE, IU-ICV y CiU así como por ocho textos transaccionados con la coalición de izquierdas y los nacionalistas catalanes.

NO HA SIDO SUFICIENTE

Esto ha garantizado el respaldo de CiU al proyecto de ley, pero no ha sido suficiente para convencer a la Izquierda Plural, que aún ve lagunas relevantes en la protección a los inventores o la prevención de la especulación mediante el uso de patentes; ni tampoco a los socialistas, que se han quejado de la falta de diálogo del PP. UPyD ha sido el único partido que ha votado en contra de la norma.

Así, la portavoz socialista de Industria, Patricia Blanquer, coincide en que hacía falta "simplificar, agilizar y facilitar" un sistema de patentes "rápidas y sólidas", mejorando la seguridad jurídica, pero lamenta que el PP no haya hecho más por conseguir un "amplio respaldo político" para este proyecto de ley, que es "necesario pero insuficiente" si no viene acompañado además de un cambio de políticas económicas y de financiación pública.

Además, ha criticado que no se vaya a garantizar en el contrato la remuneración para los trabajadores inventores, que no se elimine la figura del secreto industrial para los personales docentes e investigadores de entidades públicas, que se mantenga la patentabilidad del software o que no se prevenga el uso abusivo de las patentes en ámbitos como el de los medicamentos.

Por su parte, el portavoz de IU-ICV-CHA, José Luis Centella, considera que la norma aún tiene carencias como la necesidad de garantizar tanto una remuneración adicional al trabajador inventor como la "aplicación estricta" de los requisitos de patentabilidad en aras a evitar "trucos" para especular con los precios de productos como los medicamentos, impidiendo "artificialmente" la entrada de competidores mediante la ampliación de la protección por meras modificaciones.

Por CiU, el diputado Toni Picó ha aplaudido que la nueva ley permitirá obtener patentes "de calidad", mediante el nuevo sistema de examen previo, lo que fomentará una competencia "sana y leal" y unos derechos "más sólidos". Además, ha puesto en valor la retribución a los empleados inventores y la reducción de tasas a pymes y emprendedores, aunque ha reclamado un plan de formación para que las empresas sepan qué pueden hacer para explotar y proteger mejor sus invenciones.

Finalmente, el portavoz 'popular' de Industria, Teodoro García Egea, considera que esta ley es "pertinente" y "muy necesaria para mejorar el sistema de innovación" español, para lo cual "no sólo es necesario poner fondos sobre la mesa, sino que también es fundamental poner en marcha mecanismos con los que potenciar y proteger las invenciones".

"Tan importante como la financiación pública a la innovación es que las empresas tengan una buena Ley de Patentes para proteger sus invenciones. Con esta nueva ley los investigadores tendrán un marco más seguro y fiable para patentar, y las empresas podrán colaborar de forma más estrecha con universidades y centros de investigación, que podrán acercarse a modelos de éxito como el de Estados Unidos", ha añadido, ofreciéndose no obstante a seguir mediando entre el Gobierno y el PSOE para profundizar el acuerdo.

UN AÑO MÁS TARDE

Entre las enmiendas de la oposición destaca una que retrasa un año, hasta el 1 de abril de 2017, de la entrada en vigor de la ley. Además, se reconoce a los trabajadores de empresas españolas el derecho a participar de los beneficios que se obtengan de las invenciones que propongan para mejorar los procesos productivos en su empresa y obtener una "compensación razonable" por las mejoras técnicas no patentables que garanticen a su empleador una "posición ventajosa".

Para garantizar que se patenten todas las invenciones válidas, se permite que los trabajadores presenten la solicitud si el empleador no lo hace en un plazo razonable, se limita a las lenguas cooficiales la autorización para utilizar idiomas distintos al español y se matizan otros aspectos del procedimiento de solicitud de una patente.

Sin embargo, las invenciones que tanto los empleados como los prestadores de servicios realicen por una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecerán al empresario contratante.

En cuanto a los investigadores de centros y organismos públicos, incluidas las universidades, contarán finalmente con tres meses, en lugar de uno, para notificar por escrito a su entidad una invención. La regulación de estos trabajadores se aplicará igualmente al personal técnico de apoyo que se considere de investigación según las normativas internas de cada organismo.

NUEVAS TASAS

Por otra parte, se prorroga hasta los cuatro meses el plazo total para presentar pruebas o completar alegaciones a una oposición a los modelos de utilidad siempre que ésta se haya solicitado en el plazo previsto inicialmente, de modo que no se prolongue el "periodo de incertidumbre para el solicitante", que requiere de rapidez en la concesión de este tipo de protección.

En cuanto a las tasas, se mantendrá fija la de mantenimiento de la prórroga y se incluye la posibilidad de devolver también el 75% de la tasa --y no sólo el 25%, el 50% o el 100% como se preveía inicialmente-- en función de si el informe sobre el estado de la técnica se basa, parcial o totalmente, en el informe de búsqueda internacional.

Esta norma modifica también la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, de 2003, para que, por ejemplo, la Oficina de Patentes deba examinar de oficio cualquier diseño que pueda incluir un "uso indebido" de los "símbolos especialmente sensibles" del país, como la bandera, el escudo o los emblemas de España o de cualquiera de sus administraciones territoriales.

También se eliminan "cargas administrativas innecesarias" y se eleva la tasa por formulación de oposición, que además se modula en función del número de diseños impugnados. En la misma línea, se establecen nuevas tasas y se precisa que las exenciones para pymes y emprendedores se aplicarán a partir del tercer año ya que los dos primeros están exonerados.

Muchas otras enmiendas son correcciones o tienen carácter técnico, incluyendo la precisión de que los agentes de la propiedad intelectual, que asesoran y representan a terceros en la obtención de patentes, estén sujetos a obligaciones de confidencialidad; o que los retrasos en enviar la documentación de una solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas por parte de una comunidad autónoma no perjudique al solicitante.

Finalmente, el secretario judicial podrá devolver las garantías al solicitante de las medidas cautelares dos meses después de su levantamiento, sin tener que esperar a que se agote el plazo para solicitar indemnizaciones. Y si una solicitud de un programa de concesión acelerada contiene defectos, la Oficina se lo comunicará al solicitante para que los corrija, manteniéndose la solicitud por el proceso habitual si en el plazo fijado no se presentan dichas correcciones.