Plataformas de economía colaborativa piden a la CNMV impugnar un real decreto "injusto y desproporcionado"

Sharing España, un colectivo que agrupa a diferentes empresas de la economía colaborativa, como Airbnb, Blabacar o Deliveroo, ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que interponga un recurso contra el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de diciembre, en el que se introducían nuevas obligaciones de información para las plataformas que intervengan en el arrendamiento de viviendas con fines turísticos, con el fin de evitar el fraude fiscal.

Según un comunicado emitido este jueves por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), organización de la que depende Sharing España, este decreto es "injusto y desproporcionado" y va "en contra del interés general", al imponer "multas millonarias" por incumplir con esa obligación.

Concretamente, la organización califica de "imposible" ajustarse a esta Ley, ya que estas plataformas no disponen de la mayoría de los datos que se solicitan sobre sus usuarios, una información que, en caso de intentar obtener, "pondría en juego la viabilidad" de estas empresas.

VALORAN RECURRIR A LA COMISIÓN EUROPEA

Adigital y Sharing España consideran que se está aplicando un decreto que se ha elaborado de forma "apresurada y sin entender el modelo de negocio" de estas plataformas, al mismo tiempo que advierten de que la ausencia de diálogo y negociación les hace dudar sobre si su finalidad última es luchar contra el fraude fiscal, en vez de ser una "regulación encubierta de la economía colaborativa".

"Las plataformas han ofrecido a Hacienda los datos que sean necesarios para prevenir el fraude fiscal de entre los que recogen de sus usuarios, como los datos económicos de las transacciones, la identificación del usuario o del inmueble, pero el resto de los datos solicitados por la administración fiscal simplemente no los tienen", explicó José Luis Zimmermann, director general de Adigital.

Zimmermann se mostró abierto a colaborar con Hacienda, pero aseguró encontrarse "con muchas dificultades". Ante este panorama, ambas organizaciones valoran interponer una queja formal ante la Comisión Europea, al considerar que el decreto "es contrario a la Directiva de Comercio Electrónico, a la Directiva de Normas, a la de Reglamentaciones Técnicas y a la Directiva de Servicio".