Podemos ataca el acuerdo PSOE-C's porque intenta "hacer que lo ilegal sea legal" en la contratación temporal

En el texto, que será debatido en la Comisión parlamentaria de Empleo y al que ha tenido acceso Europa Press, el diputado de la formación morada Miguel Vila argumenta que "uno de los principales problemas" que tiene el mercado laboral español es la alta temporalidad y la "brutal" precariedad.

Una situación "agravada" por las dos últimas reformas laborales --la del PSOE de 2010 y la del PP de 2012--, que han facilitado los casos "fraudulentos" de contratos temporales al conllevar una "merma fundamental" de los derechos laborales y un desequilibrio en la negociación colectiva.

LA SITUACIÓN PODRÍA EMPEORAR

Esto ha provocado un aumento del número y frecuencia con que se recurre a los contratos temporales como "forma jurídica y barata de contratación" debido a sus "bajos costes", lo que induce al "incumplimiento sistemático" del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a que exista una "causa debidamente justificada" para usar esta modalidad contractual.

Sin embargo, Podemos advierte de que esta situación podría incluso agravarse si sale adelante el acuerdo de investidura de PSOE y Ciudadanos, que no se menciona explícitamente. Así, la formación se limita a señalar que la intención es encontrar "quien cambie la legislación para hacer que lo ilegal sea legal, atentando contra los derechos de los trabajadores", al eliminar a su entender la causalidad de los contratos temporales.

Por eso, quiere que el Congreso inste al futuro Gobierno a "luchar eficazmente" contra la contratación fraudulenta e ilegal en este ámbito y a que "redoble los esfuerzos y recursos disponibles" y "no claudique ante los intereses" de quienes "violentan y tergiversan" la ley para desregular el recurso al contrato temporal.

Finalmente, la iniciativa pasa también por solicitar la derogación de las dos últimas reformas laborales y por exigir un aumento de los recursos de la Inspección de Trabajo, los juzgados y los tribunales de lo social para incrementar la lucha contra la precariedad laboral, los fraudes a la Seguridad Social y la violación de los derechos de los trabajadores.