Portugal supera la primera huelga tras conocer las condiciones del rescate

El paro convocó a los casi medio millón de trabajadores de las Administraciones central y regional -que incluía a los del sector sanitario, educativo y de la Justicia, entre otros-, en protesta por los cortes sociales que implica el programa de auxilio pactado con Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno socialista de Portugal y los sindicatos difirieron sustancialmente en el seguimiento de la huelga y el primero la tasó en el 1,40 % hasta el mediodía, mientras los organizadores elevaron esta cifra hasta el 60 %.

La Federación Nacional de los Sindicatos de la Función Pública (FNSFP), organizadora del paro y encuadrada en la comunista Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP) -la principal y más combativa del país-, aseguró que el sector más afectado fue la salud y, después, la educación.

Sin embargo, el ministerio de Finanzas y la Administración Pública divulgó que apenas 27 centros de un total de 10.554 tuvieron que cerrarse debido al paro, 19 de ellos escolares.

El secretario de Estado de la Administración Pública, Goncalo Castilho, garantizó que la adhesión fue "muy reducida" y aclaró que se trató de un paro parcial y no de uno general, tal como los organizadores habían pretendido transmitir.

Castilho comentó que la huelga no contó con la participación de los profesores, ni de los enfermeros, ni de los trabajadores de los ayuntamientos, excepto los de Lisboa.

La guerra de cifras se trasladó al sector sanitario -uno de los más sensibles- y el Gobierno certificó que no tenía conocimiento de servicios cerrados, frente a la versión sindical, que aseguró la interrupción de varios, especialmente en las urgencias.

Los organizadores se felicitaron también por el seguimiento de los operarios que recogen la basura en Lisboa y calcularon que cerca de un 70 % secundaron la huelga.

No obstante, testimonios recogidos por los medios lusos no mostraron grandes disturbios en el funcionamiento de los servicios básicos y apenas registraron largas filas en algunas instalaciones de la Administración en la capital portuguesa.

El 4 de marzo de 2010, cuando se celebró la última huelga de funcionarios, su seguimiento fue en torno al 14,1 %, según el Gobierno, lejos del 80 % estimado por los sindicatos.

La FNSFP convocó la presente huelga en protesta por la reducción de salarios, la congelación de promociones y el aumento de la edad de jubilación a los que se han visto sometidos los funcionarios en los últimos años.

Los sindicatos auguraron además que sus condiciones se agravarán cuando el auxilio financiero al país, que incluye profundas reformas económicas y cortes sociales, entre en vigor.

A falta de someterse a aprobación el 16 de mayo en el Consejo de Ministros de Finanzas de la UE, Bruselas aportará 52.000 millones de euros de los 78.000 totales, mientras que el FMI, pondrá los 26.000 restantes.

La tasa de interés de Bruselas aún no se conoce, pero sí la del organismo multilateral, que cobrará por los 26.000 millones prestados cerca del 3,25 % en los primeros tres años y 4,25 % a partir del cuarto.

El sindicato luso teme también que de las elecciones anticipadas del 5 de junio, convocadas a raíz de la dimisión del Gobierno el pasado 23 de marzo, salga un Ejecutivo, sea socialista o conservador, que continúe con medidas de ajuste y degrade aún más la situación de los trabajadores.

Dos sondeos divulgados hoy en Portugal pronosticaron un estrecho margen entre el gobernante Partido Socialista (PS) y los Social Demócratas (PSD, centroderecha), que dejaría a ambas fuerzas lejos de la mayoría absoluta.

Ambas proyecciones sitúan cerca del empate técnico a los dos principales partidos lusos, que se han turnado en el poder en las tres últimas décadas.