Rivero pide apoyo a Bruselas para paralizar las prospecciones de Repsol en aguas del archipiélago

En declaraciones a los medios en Bruselas, tras una reunión con el comisario de Medio Ambiente, Andris Piebalgs, Rivero ha explicado que Canarias presentará "a lo largo de la próxima semana" una queja formal sobre el caso ante el Ejecutivo comunitario. Bruselas, por su parte, se ha comprometido a estudiar la información "con la máxima honradez y la máxima honestidad", ha apuntado el presidente canario.

Rivero se ha mostrado confiado en que "es posible paralizar las autorizaciones" dadas a Repsol porque "vulneran claramente la normativa europeo", en especial la directiva Habitat.

"Creemos que trabajando desde ese compromiso de la defensa del interés general por encima del interés privado y garantizando, desde la honestidad y la imparcialidad, la defensa de la normativa comunitaria estaremos en condiciones de paralizar las autorizaciones a Repsol", ha afirmado el presidente canario.

El comisario Piebalgs tenía "mucha información" sobre las polémicas prospecciones y ha mostrado "máximo interés y máxima preocupación", en palabras de Rivero, quien ha insistido en el compromiso de Bruselas por estudiar a fondo la queja canaria.

En la reunión con el Ejecutivo comunitario, la delegación canaria ha expuesto que las aguas en donde están previstas las prospecciones tienen "una extraordinaria riqueza de biodiversidad" y por tanto están protegidas por las normas europeas.

Rivero ha recalcado que "Europa tiene que actuar" ante lo que considera una vulneración de las reglas comunitarias, si bien ha advertido de que será "una batalla muy larga" para defender "el futuro de Canarias, especialmente el futuro de Lanzarote y Fuerteventura".

SOSTENIBILIDAD

El objetivo, ha insistido el presidente canario, ha de ser decidir si optar por "la defensa de una economía basada en la sostenibilidad o por la propuesta del Gobierno del PP de apoyo a una empresa privada, Repsol, para propiciar una nueva actividad económica coyuntural, poniendo en riesgo el interés general de Lanzarote y de Fuerteventura".

También ha recordado que la batalla del Gobierno canario tiene tres frentes, "el jurídico, el político y el social" y que, además de la queja formal ante la Comisión Europea, habrá un "largo recorrido" del caso ante la Justicia española.