El TUE impone una multa de 3 millones a España por el retraso en la reforma de la estiba

El Tribunal ha estimado que el incumplimiento de España debe ser considerado "grave", ya que el incumplimiento persistió durante un "tiempo significativo" de 29 meses, desde que se produjo una primera sentencia en 2014 hasta que finalmente se tramitó la reforma.

La reforma de la estiba en fue finalmente aprobada el pasado mayo para cumplir con la normativa comunitaria, después de que el TUE fallara ya en 2014 que la legislación española para el sector contravenía las reglas europeas.

El Tribunal con sede en Luxemburgo desestimado los argumentos de España que justificó su demora en el largo periodo de Gobierno en funciones que le impidió la tramitación de la reforma que afecta las condiciones de miles de estibadores.

El Gobierno alega que durante ese periodo el Ejecutivo español sólo podía tratar asuntos corrientes.

La Comisión Europea presentó un recurso ante el Tribunal con sede en Luxemburgo por no cumplir con aquella sentencia en el que propone una multa diaria a España de 27.522 euros hasta el momento en el que se aprobara la reforma.

Además, Bruselas pedía una segunda sanción de 134.122 euros diarios por cada día de retraso desde que el TUE hiciese pública su segunda sentencia.

El Ejecutivo comunitario dio por buena la reforma de liberalización del sector de la estiba aprobada en mayo, tras un primer intento fallido dos meses antes, por lo que España evita que la Justicia europea imponga una multa a España en línea con la segunda sanción propuesta por Bruselas

Liberalización del sector de la estiba

El caso se remonta a 2011, cuando la Comisión Europea abrió un expediente a España por el régimen de trabajo portuario vigente.

España ignoró la advertencia del ente comunitario y esperó 'in extremis' a llevar a cabo la reforma sin un tiempo apropiado para la negociación de las partes interesadas en el conflicto que amenaza el empleo de miles de estibadores.

Ante la falta de reformas, Bruselas llevó a España ante el TUE en junio de 2013, que finalmente declaró en diciembre de 2014 que la legislación española era contraria a las normas europeas.