El TUE deniega indemnización de cinco millones reclamada por empresa onubense de acuicultura a Bruselas

Acquafarm, creada en 2004, recibió ayudas del Gobierno autonómico autorizadas por la normativa europea de pesca para desarrollar su proyecto de granja acuícola dedicada a la cría y comercialización de la langosta australiana de agua dulce, que importó durante varios años.

La empresa onubense, que sólo tuvo conocimiento de dicha prohibición por la propia expresa productora y exportadora australiana, ha reclamado la indemnización al Ejecutivo comunitario alegando responsabilidad extracontractual por omisión o inacción al haber permitido a las autoridades nacionales la concesión de ayudas pese a la prohibición o no haberle advertido de que la importación constituía una actividad ilícita y falta de coordinación entre la Comisión y las autoridades españolas en la gestión de las ayudas, de responsabilidad compartida.

El Tribunal General de la UE ha rechazado que exista tal responsabilidad contractual al aclarar que la Comisión no tiene ninguna obligación por norma europea como tal de impedir la concesión de ayudas o advertirle de que su actividad era ilícita en virtud del cambio normativo en 2008 que prohibió la importación a la UE de crustáceos para la cría procedentes de Australia y que la empresa no puede invocar el desconocimiento de la ley para crear una obligación a la Comisión de informarle.

Además, precisa que la segunda petición de ayuda la presentó en 2010, dos años después de la entrada en vigor del reglamento y la ayuda no fue cofinanciada por el Fondo Europeo de Pesca, rechazando así el argumento de la empresa onubense de falta de coordinación.