La abogada del TUE reconoce el derecho de empleados públicos temporales a ser readmitidos tras despido ilegal

La letradas responde así a una cuestión elevada por el Juzgado de lo Social número 2 de Terrasa sobre un litigio que enfrenta a una enfermera con el Consorci Sanitari de Terrasa. Esta profesional firmó un contrato de carácter indefinido no fijo y, tras tener tres años de excedencia, solicitó volver al trabajo en 2014, pero el Consorci le comunicó que no había ningún puesto que se correspondiese con sus cualificaciones.

En abril de 2016 la enfermera volvió a solicitar ser reintegrada, y un mes más tarde se le ofreció un tiempo a puesto parcial. Puesto que deseaba trabajar a tiempo completo, no se presentó en el lugar de trabajo, por lo que fue despedida por motivos disciplinarios. La enfermera acudió a la Justicia para que su despido fuese declarado abusivo y poder obtener una indemnización o la readmisión en su puesto de trabajo.

Las conclusiones de la magistrada Kokott publicadas este jueves no son vinculantes de cara a una futura sentencia, aunque en la mayoría de los casos los dictámenes suelen seguir la dirección expuesta por los abogados generales.

En primer lugar, la abogada general precisa que dirimir si el despido de la enfermera fue o no improcedente es una cuestión que debe ser resuelta por el juez nacional.

Sin embargo, Kokott propone al TUE que declare que es una el hecho de que no se confiera a los trabajadores temporales del sector público con carácter general un derecho legal a ser readmitidos después de que el empleador haya puesto fin de manera ilegal a su relación laboral es "discriminatorio", puesto que los empleados públicos fijos sí gozan de este derecho.

El problema, explica, radica en el hecho de que el Estatuto Básico del Empleado Público otorga a los empleados públicos fijos el derecho legal a ser readmitidos, mientras que a todos los demás trabajadores, incluidos los temporales del sector público, se les aplica el Estatuto de los Trabajadores, según el cual el empresario puede elegir libremente entre readmitir al trabajador o pagarle una indemnización una vez que el despido sea declarado improcedente.

Además, Kokott señala que es "indudable" que limitar únicamente a los empleados públicos fijos el derecho legal a ser readmitidos "genera una diferencia de trato" entre esa categoría de trabajadores y los empleados no fijos que trabajan al servicio de las administraciones públicas.

La abogada general recuerda en sus conclusiones que la readmisión tiene los objetivos de corregir una actuación ilegal del empleador de una gravedad considerable y satisfacer las expectativas legítimas del trabajador de que su relación continúe a lo largo de su periodo normal de duración.

En este contexto, Kokott concluye que "no hay diferencia alguna" entre un trabajador temporal y uno fijo con respecto a ambos objetivos, "ya que la existencia de una relación laboral de un trabajador temporal no es menos digna de su protección, durante la vigencia de su contrato de trabajo, que la existencia de la relación laboral de su compañero de trabajo empleado fijo".

"Y la finalización ilegal de una relación laboral vigente por parte del empleador no es menos contraria a Derecho cuando afecta a un trabajador temporal que cuando afecta a uno fijo", añade.

Por último, Kokott apuna que la readmisión de un trabajador temporal despedido indebidamente "no afecta negativamente de ningún modo al estatus de los empleados públicos fijos, ni comporta para el trabajador temporal ninguna ventaja que contravenga los principios del Derecho de la función pública".