Telefónica se prepara para la batalla judicial por el control de Vivo

Para empezar, Telefónica ha contratado los servicios del despacho de abogados holandés Brauw Blackstone Westbroek, que asesoró a la operadora y a Portugal Telecom en la creación de Brasilcel -la sociedad conjunta que controla Vivo-, para intentar disolverla, según dijeron hoy a Efe fuentes conocedoras de la operación.

Dentro de esta estrategia, el primer paso será acudir al Tribunal de Arbitraje de La Haya para intentar acabar con la unión de las dos operadoras en esta sociedad holandesa, propietaria del 60% de Vivo, dijeron las mismas fuentes.

La multinacional española comunicó en la madrugada del viernes al sábado el fin del plazo dado a Portugal Telecom para comprarle su 30% de Vivo, con una oferta sobre la mesa de 7.150 millones de euros, frenada por el Gobierno portugués.

Tras tres meses de negociaciones, Telefónica no aceptó prorrogar las negociaciones hasta el próximo día 28 de julio para, al parecer, optar por otro camino.

No obstante, algunos analistas, como Citigroup, apuntaron hoy que el objetivo de Telefónica con la extinción del plazo era meter "presión" a Portugal Telecom.

"La oferta no está muerta", añade el informe de Citigroup, que espera que la operación se resuelva antes del día 28 de julio, mientras que otros analistas apuntan a la vía judicial.

"Otra opción sería instar un arbitraje, asunto que parece probable pero que duraría entre uno y tres años", señala Bankinter, que explica que el pacto que firmaron las dos compañías con la creación de Brasilcel es vinculante durante 25 años, aunque contempla algunas opciones de ruptura.

Desde Banesto Bolsa apuntan que ahora se abre un proceso "más largo y más incierto" que puede pasar por La Haya en una vía especialmente negativa para Portugal Telecom.

La ruptura de la operación hizo caer hoy las acciones de la operadora lusa un 4,3 por ciento al inicio de la sesión, aunque los títulos cerraron sólo con un descenso del 0,34%; mientras que las de Telefónica subieron un 0,25% hasta los 16,125 euros.

Desde el Gobierno, el secretario de Estado español de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, descartó hoy la mediación del Ejecutivo entre Telefónica y Portugal Telecom.

Por su parte, el ex presidente del Gobierno español José María Aznar criticó hoy, en declaraciones a la prensa lusa, el uso de la "acción de oro" del Estado en PT.

La venta del 30% de PT en Vivo la aprobaron hace dos semanas el 73,9% de sus accionistas, pero fue bloqueada con la acción de oro que tiene el Estado en la compañía portuguesa.

El Ejecutivo luso justificó su decisión, considerada ilegal por la UE, en el interés nacional de que el antiguo monopolio portugués de las comunicaciones opere en Brasil, donde tiene su principal fuente de ingresos y crecimiento.

La oferta de 7.150 millones era la tercera que hacía Telefónica para controlar Vivo, por la que abrió la puja, el pasado 6 de mayo, con 5.700 millones de euros.