Tijeretazos autonómicos a contrarreloj

La ley es clara: las comunidades están obligadas a cerrar el año con un déficit del 1,3% sobre el Producto Interior Bruto (PIB). El objetivo de esta drástica medida es garantizar la estabilidad presupuestaria del Estado que debe responde ante sus socios europeos pero conseguirlo no es tarea fácil.

Los elevados endeudamientos de las autonomías hacen que la meta sea difícil de alcanzar. Por ello, las regiones trabajan casi a contrarreloj para intentar cumplir con sus obligaciones.

Castilla La Mancha ha sido una de las primeras en anunciar los sonados recortes. La presidenta manchega, María Dolores de Cospedal, ha presentado el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos que supondrá un ahorro de 1.815 millones de euros entre 2011 y 2012.

Así, entre otras medidas, Castilla la Mancha pretende reducir su déficit obteniendo fondos comunitarios, vendiendo inmuebles, comercializando participaciones de empresas privadas y poniendo en venta vehículos oficiales.

Otras comunidades como la de Madrid han optado por meter la tijera, no sin polémica, en el sector de la Educación. Así, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha anunciado que se eliminarán 3.000 profesores y se aumentarán de 18 a 20 las horas lectivas semanales.

Según la propia presidenta, esta medida supondrá un ahorro de cerca de 80 millones de euros y permitirá a la Comunidad "no aplicar recortes en otras partidas esenciales para mejorar la calidad de la enseñanza y mantener gastos en otros servicios importantes para los ciudadanos".

Extremadura, ¿la siguiente?

La comunidad de Extremadura es una de las más endeudadas del país. Así, el Gobierno autonómico ha anunciado que, pese a lo obligado por la ley, cerrará el presente ejercicio con un déficit en sus cuentas públicas del 6,81%del PIB, que equivale a unos 1.240 millones de euros.

Así, el Ejecutivo regional ha asegurado que "intentará rebajarlo" a partir del plan de reequilibrio financiero autorizado que pretende poner en marcha a corto plazo. Entre otras medidas, el gobierno extremeño prevé reducir "significativamente" su parque móvil. EPF