Trabajo asegura que reconocer las cotizaciones atrasadas no ayuda a aflorar el empleo sumergido

En una entrevista con Efe un día antes de la entrada en vigor del decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, Gómez explicó que si se hubiera fijado que el empresario pagase las cotizaciones atrasadas no se incentivaría el afloramiento del trabajo en negro.

El plan contempla un período voluntario de tres meses, hasta el 31 de julio, para que los empresarios den de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores irregulares.

Por ello, añadió, el Gobierno se ha decantado por hacerlo de la manera "más eficiente y amplía", que además no conlleva una "amnistía", precisó.

Según el ministro, no se trataba de establecer una medida de "recaudación acumulada de cotizaciones que hayan podido estar sin declarar en el pasado", porque es "más importante hacer que sea una medida lo más eficiente posible que afecte al mayor número de personas posible que pudieran estar en esa situación".

En este sentido, indicó que desde el día en que se regularice la situación del trabajador irregular éste comenzará a generar derechos y el empresario no será sancionado.

Si por el contrario, el trabajador irregular es detectado por la Inspección de Trabajo, las sanciones hasta el 31 de julio serán las vigentes, mientras que si se produce después de esa fecha, cuando entra en vigor el nuevo cuadro de multas, la penalización se verá "duplicada, triplicada o cuadruplicada", advirtió el ministro

El plan trata de frenar y combatir la "competencia desleal" entre las empresas e impedir el trabajo no declarado, según reiteró el ministro.

Para ello la Inspección de Trabajo cambiará sus prioridades y el número de actuaciones contra el empleo sumergido, "a costa de reducirlas en otros ámbitos", aseguró Valeriano Gómez.

"Que no le quepa a nadie ninguna duda" de que la Inspección tendrá "más éxito" en su "combate" contra el empleo sumergido, consideró el ministro.

Con respecto a los trabajadores del hogar y los inmigrantes, Valeriano Gómez destacó que el plan no se ha enfocado como una forma "encubierta de regularización de población inmigrante".

Se ha evitado hacer "distingos" entre el trabajo irregular hecho por inmigrantes y el realizado por nacionales", razón por la que, según el ministro, se ha hecho a la vez.

Esto supone que no se va a regularizar la situación de trabajo ilegal como consecuencia de esta actuación inspectora".

Otro de los puntos que destacó del decreto ley Valeriano Gómez es que la regularización de los trabajadores se puede hacer mediante cualquier tipo de modalidad contractual.

La norma fija que si el contrato que se emplea es temporal no podrá durar menos de seis meses.

Si la actuación inspectora descubre que, por las condiciones de trabajo se trata de un puesto indefinido, a ese trabajador se le podría regularizar con un contrato de ese tipo, concluyó.