El Tribunal de Cuentas fiscalizará en 2018 las medidas anticorrupción de sociedades mercantiles estatales

El Tribunal de Cuentas ha incluido en su programa de fiscalizaciones para el año que viene un informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas anticorrupción puestas en marcha en las sociedades mercantiles estatales y también fiscalizará por primera vez al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y analizará los acuerdos de los ayuntamientos que fueron cuestionados por los interventores locales.

Así consta en el programa aprobado por el Pleno del órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda, recogido por Europa Press, y que contiene las fiscalizaciones que el Tribunal tiene que realizar por ley, las solicitadas por las Cortes Generales y las que este órgano decide realizar de forma autónoma.

La fiscalización del grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles estatales se circunscribirá al ejercicio 2017. El tribunal hará esta evaluación por iniciativa propia y calcula que su informe se apruebe ya en 2019.

También analizará 'motu proprio' las actividades desarrolladas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entre 2016 y 2017. Este órgano se creó en 2014 y se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia.

El Programa de Fiscalizaciones para 2018 también incluye entre las nuevas iniciativas del Tribunal, en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos, las fiscalizaciones sobre la gestión de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero y del canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica.

Igualmente, analizará el control sanitario del agua de consumo humano, procederá a la fiscalización de determinados ingresos por tasas y de ejecución de gastos con financiación afectada y aprobará una Moción sobre la necesidad de actualizar determinados aspectos de la Ley General de Subvenciones.

OBJETIVO DE EQUIDAD DE GÉNERO

Además de fiscalizar, como es habitual, asuntos relativos a ministerios, agencias, fondos y organismos públicos, el tribunal también se ocupará del Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) 5: Equidad de Género, de la Agenda 2030, así como de las actuaciones de la Administración General del Estado en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas.

La gestión y control de los fondos públicos pagados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las agencias de colocación también serán objeto de fiscalización y, en el ámbito de la Seguridad Social, también destacan las relativas a la gestión y control de pagos al personal de las Mutuas; las inversiones de naturaleza informática de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y una Moción sobre los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, el órgano que preside Álvarez de Miranda ha decidido fiscalizar a la Agencia Española de Protección de Datos y a la Entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

En el ámbito empresarial, destacan las nuevas fiscalizaciones del área de recursos humanos de las empresas estatales no financieras del grupo Patrimonio y de la gestión de la explotación de la red de alta velocidad. Además, se prevé la elaboración de una Nota de fiscalización sobre la situación del proceso de reestructuración bancaria.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL LOCAL

En el ámbito local, se llevarán a cabo, entre otras, las fiscalizaciones de las actuaciones en materia medioambiental de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio; de los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los Interventores locales y la correspondiente a rendición de cuentas, con especial atención a los incumplimientos reiterados de dicha obligación.

El Tribunal seguirá intensificando la fiscalización de la contratación en todos los ámbitos del sector público y realizando el seguimiento de las recomendaciones de la institución sobre la gestión económico-financiera pública incluidas en los informes de fiscalización y de las resoluciones de las Cortes Generales sobre los mismos.

Por último, el tribunal continuará prestando especial atención a la supervisión y control del desarrollo de las políticas de igualdad efectiva de mujeres y hombres así como de las normas relativas a la transparencia.