El Tribunal de Cuentas reclama más personal en la Intervención General para hacer frente al exceso de retraso

El Tribunal de Cuentas ha reclamado más personal para las delegaciones de la Intervención General de la Administración del Estado con el fin de acortar los plazos y minimizar los retrasos a la hora de rendir cuentas de los gastos ejecutados.

Así consta en el 'Informe de fiscalización de los pagos librados 'a justificar' y de los satisfechos mediante anticipos de caja fija por determinados ministerios del área económica de la Administración General del Estado, ejercicios 2013 y 2014', recogido por Europa Press, aprobado el pasado mes de noviembre por el Pleno del Tribunal.

El órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda achaca directamente a la falta de personal del que dispone la Intervención los retrasos en la aprobación de cuentas justificativas de ministerios como el de Fomento y Empleo y Seguridad Social.

"El retraso en la aprobación de la cuentas justificativas se debe, principalmente, al largo período de tiempo que permanecen en la fase de intervención, cuestión en la que puede influir el reducido número de efectivos de que disponen ambas Intervenciones delegadas para este cometido", asevera en su informe.

GASTOS PENDIENTES DESDE 1998

Es precisamente el departamento dirigido por Fátima Báñez el que más tardó en completar esta tarea, pues contó con un plazo medio superior a 400 días (más de un año), y en él se acumulan, apostilla el Tribunal, en torno a 25 libramientos de los ejercicios 1998 y 2010 aún no aprobados debido a que se han extraviado, están incompletos o no se han corregido defectos puestos de manifiesto por la Intervención delegada o la Unidad Central de Cajas.

El Tribunal también afea a Empleo y Seguridad Social el tiempo que transcurre entre la reposición de gastos y la fiscalización de la cuenta justificativa, ya que en la mitad de los expedientes examinados este plazo es superior a 500 días, algo que considera "excesivo". Además, añade que aún se tardan en torno a 60 días más en su aprobación.

A 31 de diciembre de 2014, había 289 millones fuera de plazo de justificación por la Ley General Presupuestaria porque su documentación justificativa se había presentado con anterioridad a noviembre y otros 207 millones cuya fecha límite de rendición era anterior al 31 de diciembre.

Por todo ello, el Tribunal incluye en sus recomendaciones a la Intervención General estudiar que los efectivos de personal asignados a las funciones de fiscalización en las intervenciones delegadas "sean suficientes para atender la carga de trabajo que asumen". Asimismo, pide que, al menos una vez al año, revisen la información contenida en las bases de datos de pagos a justificar respecto a cuentas justificativas pendientes de justificar o de aprobar con la de los órganos gestores.

LIMITAR LOS GASTOS DE EMERGENCIA

Al Gobierno, el órgano fiscalizador reclama que realice "un examen exhaustivo" de los libramientos cuyas cuentas justificativas no se hayan rendido en los plazos establecidos, especialmente en los casos de mayor antigüedad, con el fin de conseguir su justificación, aprobación y, en caso contrario, apostilla, "exigir las oportunas responsabilidades".

No son las únicas recomendaciones que el informe reserva para el Ejecutivo, al que pide limitar el uso del procedimiento de pagos a justificar en casos de emergencia, expropiaciones y gastos del exterior, pues cree que esta posibilidad "debería quedar expresamente limitada a operaciones en las que no se disponga de documentación justificativa adecuada en el momento del reconocimiento y pago de las obligaciones".

Para los de emergencia, recomienda modificar la nueva Ley de Contratos del Sector Público y remitir así a la Ley General Presupuestaria para poder utilizar el procedimiento de pagos para el libramiento y disponga un plazo de justificación. Además, el Tribunal argumenta que actualmente la justificación de estos gastos sea una excepción dentro de la regulación de los plazos "supone en la práctica la inexistencia de plazos y provoca que sean muy dilatados".

CONFERENCIAS HIDROGRÁFICAS

Por otro lado, el Tribunal también cuestiona la disposición de la Ley General Presupuestaria que permite, a través de la Dirección General de Agua, librar fondos a justificar a favor de las confederaciones hidrográficas, con el fin de realizar obras de emergencia y expropiaciones.

Esto, apunta, "favorece el extravío de cuentas justificativas y la demora en su justificación", y "provoca la falta de atribución de algunas funciones del procedimiento de justificación, como la revisión de cuentas justificativas". Esta, según el Tribunal, no se realiza por ningún órgano.

Entre los retrasos para presentar estas cuentas justificadas, el órgano fiscalizador también destaca los de las confederaciones hidrográficas, que tardaron entre 685 y 976 días en presentar documentación justificativa desde el ingreso en sus cuentas.

"Esta tardanza se debe a que, de forma general, las cuentas se justifican con posterioridad a la firma de las actas de recepción de las obras, que se suscriben con un retraso significativo", explica el Tribunal. Otro reproche a la actuación en las confederaciones hidrográficas es la ausencia de revisión por la Unidad Central de Caja de los libramientos a cajas pagadoras de estas instituciones.