La UE da el visto bueno a un plan de ajuste español que retrasará el crecimiento

"Son medidas valientes. Los Gobiernos de España y Portugal han respondido rápidamente y con prontitud a la petición que les hicimos en la última reunión", ha dicho Jean Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, en la rueda de prensa que ha seguido a una reunión de más de siete horas, en la que según las fuentes consultadas, ningún ministro ha expresado importantes salvedades al plan de saneamiento fiscal español.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, también ha dado la bienvenida a las medidas presentadas por España y Portugal, aunque ha recordado que su equipo aún no ha tenido tiempo para hacer una "evaluación profunda", que efectuará con vistas a la próxima reunión del Eurogrupo, el próximo 7 de junio, y que servirá de base para que los 16 países del euro emitan un juicio final.

Salgado presentó anoche a sus homólogos del Eurogrupo el plan de ajuste y les explicó que además de estas medidas de recorte del gasto, el Gobierno español impulsará las reformas del sector financiero y del mercado laboral. La UE había pedido el pasado 9 de mayo a España y Portugal que aceleraran su consolidación presupuestaria para recuperar la confianza de los mercados.

"Yo espero que sí", ha dicho la vicepresidenta al ser preguntada por si cree que el dictamen del Ejecutivo comunitario sobre el plan de ajuste español será positivo. "Pero por el momento hay que esperar a esa evaluación de la Comisión", ha resaltado.

En todo caso, Salgado ha descartado a priori que Bruselas vaya a pedir a España un nuevo aumento de impuestos, como el caso de Grecia o Portugal. "Nosotros hemos planteado la reducción de nuestrro déficit en estas medidas adicionales por el lado del gasto. Hemos querido hacer un esfuerzo por el lado del gasto y eso es lo que yo he explicado, así es que esperamos que esas medidas puedan ser evaluadas correctamente", ha afirmado.

La ministra de Economía española volverá a defender el plan de ajuste este martes en Bruselas, durante la reunión de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) para que los colegas procedentes de países de fuera del euro puedan conocerlo.

Duros efectos secundarios

No todo son noticias positivas. La ministra de Economía se ha adelantado para advertir a los más optimistas de que, para colmo, las duras medidas restrictivas traerán consigo consecuencias negativas en el crecimiento económico, por no hablar del desempleo. En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ecofin la vicepresidenta segunda ha dejado claro que el crecimiento, de haberlo, será menor que el estimado para 2011, un 1,8% que cada vez está más lejos de cumplirse, aunque "menor crecimiento del previsto no quiere decir crecimiento negativo" ha querido dejar claro la titular de la cartera económica.

Evidentemente, "un menor gasto público puede tener un efecto en el crecimiento": "Vamos a revisar a la baja, una décimas, nuestra previsión de crecimiento para 2011, que era de 1,8%", ha afirmado Salgado, quien ha añadido que no se plantea revisar la previsión para el año en curso, 2010.

¿Regulación, por fin, de los 'Hedge Funds'?

No solo para eso ha servido la reunión del Ecofin. También está pendiente que las instituciones comunitarias tomen alguna medida para evitar que se produzcan ataques especulativos como los sucedidos a lo largo de las últimas semanas y meses. En este sentido, Elena Salgado, también presidenta de turno del Ecofin ha constatado -por fin- la existencia de un "acuerdo general" entre los ministros de Economía de la UE sobre la norma de los 'hegde funds'.

Un tímido avance sin obstáculos: Salgado ha asegurado que "tendrá en cuenta" las "preocupaciones" expresadas por algunos países -Londres, que concentra en su City el 80% de los Hedge Funds- sobre el tratamiento que se da a los gestores de fondos de terceros países en las negociaciones que la presidencia española iniciará ahora con el Parlamento Europeo para pactar el texto definitivo.

Por su parte, el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, admitió también que persiste el desacuerdo sobre si se concederá o no un pasaporte "riguroso y sin concesiones" a los gestores de 'hegde funds' extranjeros para que puedan operar en toda la UE si son autorizados en un Estado miembro. Tanto la Comisión como la Eurocámara, cuya comisión de Asuntos Económicos se pronunció este lunes, apoyan que se conceda este pasaporte, pero el compromiso de la presidencia española no lo incluye.

"Todavía debemos trabajar sobre ese punto, Elena", dijo Barnier a la vicepresidenta económica. "Este punto sigue en debate tanto para mi como para el Parlamento", destacó. Y dijo que espera que se pueda lograr un "acuerdo definitivo" entre los Gobiernos y la Eurocámara antes del final de junio para que la norma sobre 'hedge funds' pueda aprobarse en el pleno de julio.

La ley y la trampa, lo pendiente

La aprobación de esta directiva estaba prevista para el pasado mes de marzo pero la presidencia española la retiró del orden del día, pese a contar con una mayoría cualificada, tras recibir una petición del primer ministro saliente, Gordon Brown, reclamando más tiempo. Una vez pasadas las elecciones, España logró su objetivo de pactar un mandato de los Gobiernos para negociar con el Parlamento, que tiene poder legislativo en la materia.

El principal punto de discrepancia es el tratamiento que debe darse a los gestores de fondos de alto riesgo basados fuera de la UE. Reino Unido reclama que, si estos gestores son autorizados por el supervisor de un Estado miembro, se beneficien de un pasaporte europeo que les permita operar en todos los países de la UE. Ello permitiría que los 'hedge funds' basados en territorios dependientes de Reino Unido como Jersey o las islas Caimán puedan trabajar en toda la UE si los aprueba la autoridad británica.

Pero el texto de compromiso de la presidencia española que se aprobó no contempla este pasaporte europeo a los gestores de fondos extranjeros porque el resto de Estados miembros, y especialmente Francia, se oponen. Alegan que éstos no estarán sometidos a las mismas exigencias de transparencia que impondrá la UE. Reclaman que se mantenga la situación actual, es decir, que los gestores de fuera de la UE tengan que pedir autorización en cada uno de los países en los que quieran operar.

BQM / EPF