UGT pide destinar el 50% de los ingresos de la lucha contra el fraude a reducir el paro de larga duración

UGT cree que el Plan de Activación para el Empleo para parados de larga duración con cargas familiares sigue imponiendo unas condiciones de acceso muy rígidas, que sigue siendo insuficiente, e insiste en que "todo parado de larga duración debe contar con unos ingresos mínimos".

Pero además, a la vista de la recuperación, el sindicato ha dado un paso más y ha incluido esta petición dentro de una revisión integral del sistema de protección, en la que se incluye también una recuperación de prestaciones suprimidas en 2012, como el subsidio para mayores de 45 años o cargar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el pago de las políticas activas de empleo, desviando el 50% de los ingresos por lucha contra el fraude a este fin.

Para ello, a la espera de ver si prospera la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada el pasado mes de abril para establecer una prestación de ingresos mínimos para parados, UGT prevé llevar a la mesa del diálogo social un documento de 'Propuestas de UGT para la lucha contra el paro de larga duración', que ha presentado este lunes el secretario de Acción Sindical de la organización, Toni Ferrer.

Las demandas de UGT parten de un diagnóstico que provoca "enorme preocupación". Y es que seis de cada 10 parados lleva buscando empleo más de un año, un 70% si se toma la franja de mayores de 50 años, y además cuatro de cada 10 desempleados busca empleo desde hace dos años. Según ha indicado en rueda de prensa el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, "la amenaza de que el paro se cronifique y sea convierta en estructural es bastante probable".

El "objetivo central" que pretende discutir UGT en la mesa tripartita es la necesidad de "reforzar y aumentar" la protección por desempleo para que "todas las personas desempleadas tengan una garantía de ingresos medios vinculada a la formación". Y es que el programa de activación aprobado en 2015 sólo ha beneficiado hasta mayo a unas 49.000 personas.

Ferrer, que no ha cuantificado esta propuesta a la espera de que ello se plantee en la mesa de negociación, ha indicado que esto pasaría por "recuperar prestaciones que han desaparecido" desde 2012, como el subsidio de mayores de 45 años o la ayuda para mayores de 52 años que se desplazó hasta los 55 años con unas condiciones de acceso más duras.

PAGAR LAS POLÍTICAS ACTIVAS CON LA RECAUDACIÓN DEL FRAUDE.

Pero además, UGT cree que hay que ayudar a los parados de larga duración mejorando su empleabilidad. Denuncia el sindicato que los recursos para políticas activas de empleo se han reducido en un 40% desde 2010, por lo que "hay que aumentar sensiblemente la aportación tomando la mitad de los ingresos de la lucha contra el fraude y la economía sumergida".

Esto supone migrar el gasto en la mejora de la cualificación de los desempleados de las partidas de la Seguridad Social a las del Estado, para, entre otras cosas, "dejar de seguir esquilmando" fondos del sistema como los procedentes del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Concretamente, en 2014 se recaudaron 12.300 millones de euros en la lucha contra el fraude, sumando Seguridad Social y Agencia Tributaria. Así, el reparto propuesto permitiría dotar a las políticas activas más de 6.000 millones, por encima de los 4.000 millones de euros destinados a esta partida en 2014.

Al mismo tiempo, UGT cree que habría que hacer cuanto antes la revisión del sistema de bonificaciones a la contratación que la reforma de la formación prevé para el próximo año, con la idea de que éstas se enfoquen a los parados de larga duración en especial situación de vulnerabilidad. "Si todo se bonifica, no hay estímulo posible", ha explicado Ferrer.

Por otro lado, el documento de propuestas de UGT denuncia que los servicios públicos de empleo se han reducido y que es necesario dotarles "correctamente" de recursos técnicos y económicos, así como de plantillas más amplias, tanto a nivel estatal como autonómico. Según Ferrer, actualmente cada empleado en los servicios públicos de empleo españoles tiene el doble de desempleados a su cargo que la media de la UE.

Concretamente, la propuesta del sindicato persigue crear grupos de apoyo coordinados por orientadores (que se suprimieron desde 2012), para llevar a cabo itinerarios personalizados para parados de larga duración, haciendo hincapié en su formación. Para ello, también proponen aumentar el número de plazas de acciones formativas y también vincularla a la formación reglada.

Por último, UGT propone desarrollar una línea de contratos públicos socialmente responsables, en donde vía acuerdos o cláusulas incorporados a los contratos públicos, se priorice la contratación de desempleados de larga duración.