UGT recuerda que las políticas de empleo no forman parte de las competencias del BCE

Así se ha pronunciado en referencia al informe de agosto publicado por el organismo que preside Mario Draghi, en el que se aconseja a los estados con un alto nivel de desempleo que aumenten su productividad "mediante la relajación de la legislación de protección del empleo", la supresión de los mecanismos de indiciación salarial, la reducción de los salarios mínimos, y permitiendo la negociación salarial a nivel de empresas, entre otras cosas.

"Recomendar mayores degradaciones de las condiciones de trabajo en países como España supone un incumplimiento flagrante de sus funciones, que se limitan al control de la inflación y al mantenimiento de la estabilidad financiera de la zona euro", señala el sindicato en un comunicado.

UGT ha subrayado que el BCE no tiene competencia alguna en lo relativo a las políticas de empleo de los Estados miembros de la Unión, por lo que debería ser "excepcionalmente respetuoso" con políticas que son competencia de los gobierno nacionales, que "sí deben estar sometidos a los principios y controles democráticos y dar respuesta de sus actuaciones frente a los ciudadanos que les eligen y no frente al BCE".

Por ello, UGT ha defendido la necesidad de una reforma en el Estatuto del BCE para que actúe como un "verdadero banco central" respecto a la moneda única y se amplíen sus competencias para que pueda actuar en los mercados de deuda defendiendo el euro y evitando las especulaciones que, en su opinión, son el principal problema económico de la UE.

"Si la institución que dirige Mario Draghi está eludiendo realizar esa función esencial para la resolución de la crisis, acogiéndose a que no puede asumir funciones que no están en su Estatuto, no debería extralimitar gratuitamente ese mismo Estatuto haciendo recomendaciones sobre políticas que no son de su competencia", ha afirmado.

Asimismo, UGT considera que sería bueno que el BCE recordara que España lleva tres años realizando reformas laborales, una en 2010 y otra a comienzos de 2012, que fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno del PP nada más llegar al poder.

Ante esta situación, el sindicato se pregunta hasta dónde considera el BCE que sería necesario "degradar" las condiciones de trabajo en España y si las recomendaciones que hace la institución de Mario Draghi serán las que se obligue a adoptar en el caso de que finalmente el Gobierno español pida el segundo rescate.