UPyD preguntará mañana a Guindos cómo garantiza que los accionistas estafados de Bankia recuperarán su dinero

La pregunta de la formación magenta llega después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la dirección de Bankia acordaran el pasado jueves un tope de 600 millones de euros para afrontar posibles litigios derivados de la oferta pública de venta (OPV) de 2011, en la que peritos del Banco de España detectaron diversas irregularidades contables, y para indemnizar a los inversores que adquirieron acciones en ese momento.

En concreto el Estado, a través del holding BFA, asumiría unos 372 millones de euros, mientras que los 228 millones restantes serían sufragados por el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, lo que también supone en la práctica capital público puesto que la entidad está nacionalizada.

No obstante, esas cantidades son meras estimaciones, ya que las eventuales reclamaciones no se conocen todavía. En la operación se colocaron unos 3.000 millones de euros entre mayoristas y minoristas, si bien se espera que sólo estos últimos reclamen.

ACCIONISTAS "ESTAFADOS"

En estas circunstancias, Cantó quiere que el titular de Economía avance las medidas que su departamento ha adoptado para "garantizar que los accionistas estafados puedan recuperar su dinero", a la espera de que se sustancie una comparecencia que UPyD tiene también registrada para que el ministro dé explicaciones ante la Comisión parlamentaria de Economía y una interpelación sobre el mismo asunto en el Pleno de la Cámara Baja.

Entre todas estas intervenciones, la formación quiere que De Guindos concrete la cuantía que piensa asumir el Gobierno en las indemnizaciones a quienes comprar acciones de Bankia, en una operación pública de venta (OPV) que se realizó "basándose en unas cuentas maquilladas", según peritos del Banco de España.

El objetivo es que el Ejecutivo garantice que los perjudicados se vean "resarcidos de forma rápida y efectiva" y aclare cómo se piensan depurar las responsabilidades pertinentes en una operación realizada sobre unos estados financieros "falsos" por parte del entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, con el "conocimiento" de las autoridades económicas y bajo la responsabilidad del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.