UPyD pide un catálogo de las normas autonómicas en materias económicas

Según consta en su proposición no de ley, que recoge Europa Press, el objetivo es que, en un plazo de seis meses, se pueda contar con un Catálogo de las Regulaciones Administrativas de Carácter Económico de las Comunidades Autónomas que incluya todas las disposiciones legislativas y reglamentarias emanadas de las instituciones regionales.

Este informe y los que se recaben de un grupo de expertos académicos y profesionales elegidos por los ministerios de Economía y Hacienda, servirán de base para un dictamen sobre las materias que requieren "leyes de armonización" estatales, ordenadas por prioridad y urgencia.

Además, la formación magenta pide que toda esa documentación esté disponible para los miembros de la Comisión de Hacienda del Congreso y para el conocimiento general de los ciudadanos antes de un año. El objetivo último de la iniciativa es corregir los fallos del mercado que tienen su raíz en la "proliferación" de normativa autonómica de las últimas décadas.

DESREGULAR PARA FAVORECER LA COMPETENCIA

Según reconoce UPyD, durante ese tiempo el Gobierno central ha seguido las recomendaciones de la Unión Europea, la OCDE y otras instituciones internacionales y ha revisado la regulación de diferentes sectores para hacerlos más competitivos y eficientes.

"Sin embargo, mientras el Estado ha propiciado la desregulación de los mercados competitivos y la regulación procompetitiva de los que reúnen la condición de monopolio natural, no ha ocurrido lo mismo con respecto a los gobiernos de las comunidades autónomas, de manera que en muchos de éstos se ha registrado una auténtica proliferación normativa que se traduce en la existencia de varios miles de normas publicadas", argumenta.

Esto "lastra" la economía al generar "barreras a la movilidad de los factores productivos", dificultar la entrada de nuevos competidores en determinados sectores y romper el mercado unitario español, además de afectar a la competitividad de manera diferente según las regiones. Por eso, UPyD ve "indispensable" abordar esta situación y acometer un proceso de simplificación y armonización normativo.