UPyD critica que se "endurezcan aún más" las condiciones del Prepara

En un artículo publicado en su página web y recogido por Europa Press, el diputado ha lamentado que, pese a que las condiciones del Prepara eran "ya muy restrictivas" hasta ahora, el decreto ley que prorroga esta ayuda a los parados de larga duración que han agotado sus prestaciones "endurece aún más" las condiciones de acceso.

"Ahora se incluyen en el cómputo de las rentas también a los ascendientes. Es decir, se endurecen todavía más las condiciones de acceso, por más que la ministra haya dado unos ejemplos rebuscados y poco comunes en los que el resultado es lo contrario", ha insistido.

EL PROGRAMA ES POCO EFECTIVO

A los argumentos de que era necesario revisar el plan por su poca efectividad en materia de reinserción laboral, el diputado ha ironizado al afirmar que "tal vez (a la ministra) no se le haya ocurrido que eso se debe a la recesión que las políticas económicas de los gobiernos han agravado, o a su reforma laboral".

En este sentido, ha calificado de "demoledor" que Báñez haya reconocido que, aunque el objetivo del Prepara es la reinserción, "estas personas apenas reciben formación" ya que "el 93% recibió como mucho una charla de tres horas sobre cómo hacer un currículum". "Aunque no ha quedado claro qué piensa hacer para que la reciban a partir de ahora. Si tanto le preocupa la formación, ¿por qué ha recortado las políticas activas de empleo tan drásticamente?", se ha preguntado Anchuelo.

Finalmente, ha recomendado al Gobierno que, en lugar de lamentar el solapamiento entre ayudas estatales y autonómicas y tratar de evitarlas con "retoques", extienda la Renta Activa de Inserción a todos los menores de 45 años, ya que se trata de una ayuda que tiene "condiciones similares en todas las comunidades autónomas, y no las enormes disparidades que existen hoy en día entre ellas".

Asimismo, se ha preguntado si "no hay sitios mejores en los que recortar" que en las políticas activas de empleo, a la luz de que este programa, que beneficia a unas 200.000 personas, cuesta 300 millones de euros semestrales. "Con el nivel de despilfarro y fraude existente en España, ¿no hay sitios mejores en los que recortar?", ha concluido.