Los Veintiocho acuerdan un nuevo sistema para resolver conflictos por doble imposición

La normativa aprobada por los Veintiocho necesita recibir ahora el visto bueno del Parlamento Europeo antes de ser adoptada formalmente. Los países del bloque comunitario dispondrán entonces de algo más de dos años, hasta el 30 de junio de 2019, para transponer la directiva a la legislación nacional.

En concreto, el nuevo sistema se aplicará a las disputas notificadas después de esa fecha sobre cuestiones relacionadas con años fiscales que comiencen el 1 de enero de 2018 o más tarde. Los Estados miembros, no obstante, podrán acordar aplicar la normativa para casos de años fiscales anteriores.

Así, la nueva directiva establece mecanismos de resolución de disputas "obligatorios y vinculantes", con límites en el tiempo y la obligación de lograr resultados. El objetivo es garantizar un entorno fiscal en el que los gastos de conformidad para las empresas se reduzcan lo máximo posible, ha destacado el Consejo de la UE en un comunicado.

El texto incluye un "procedimiento de mutuo acuerdo" que se iniciará cuando lo solicite el contribuyente. Los Estados miembros afectados tendrán dos años para lograr un acuerdo. Si no fuese posible comenzaría un procedimiento de arbitraje para resolver la disputa con un calendario específico.

En esos casos, un grupo asesor formado un grupo árbitros independientes y por dos representantes como máximo de cada país involucrado emitirá una opinión para eliminar la doble imposición que será vinculante para los países a menos que ellos acuerden una solución alternativa.

Entre las cuestiones cerradas este martes por los ministros de Finanzas se encuentran los criterios para nombrar a estos árbitros independientes, que no podrán ejercer este puesto si son empleados de asesorías fiscales o se han dedicado de forma profesional a la asesoría fiscal. El presidente del panel tendrá que ser un juez salvo que los Estados acuerden lo contrario.

Además, los Veintiocho han pactado el alcance de la directiva, que finalmente incluirá "amplio" abanico de conflictos pero recoge la posibilidad de excluir del ámbito de este mecanismo aquellas disputas que no surgen por casos de doble imposición.