Los auditores europeos calculan que España pagó 300 millones de más en la construcción de dos autopistas

Los auditores europeos destacan que los contratos de autopistas españolas se renegociaron poco después de la firma del contrato debido a modificaciones necesarias en las obras previstas, lo que provocó el aumento de 300 millones en los costes de las mismas.

En concreto, el estudio recoge que España tuvo que pagar 158 millones de euros por encima de los 475 millones presupuestados para la mejora de las características y el mantenimiento de la autopista A-1, un 33% más. El retraso en estas obras alcanzó los 24 meses.

Además, España asumió un gasto adicional de 144 millones de euros en un proyecto para la construcción de carriles dobles, mejora de las características y mantenimiento de la carretera C-25 que acumuló un retraso de 14 meses. El presupuesto inicial era de 695 millones y finalmente alcanzó los 838 millones. En ambos casos, los sobrecostes fueron asumidos por el sector público.

También critica el informe que España no contaba con un departamento específico de asociaciones público-privadas (APP) para respaldar la ejecución de proyectos fiscalizados. Asimismo, señala que los proyectos españoles no se sometieron a ningún análisis comparativo con otras opciones de contratación o a otra evaluación específica de la relación calidad-precio adaptada a los proyectos.

En su informe, el estudio del Tribunal de Cuentas concluye que las APP cofinanciadas por la UE "no pueden considerarse una opción económicamente viable para la creación de infraestructuras públicas". Los auditores europeos supervisaron la ejecución de 12 proyectos en Grecia, España, Irlanda y Francia y determinaron que éstos presentaron "deficiencias generalizadas y beneficios limitados":

Las doce asociaciones examinadas en el informe supusieron 1.500 millones de euros "de gasto ineficiente e ineficaz". Además, el Tribunal de cuentas europeo afirma que la relación calidad-precio y la transparencia "se vieron considerablemente comprometidas" por "una política y una estrategia poco claras", por un análisis "inadecuado", por el registro de APP fuera de balance y por acuerdos "desequilibrados" de distribución del riesgo.

En su análisis, los auditores europeos constatan que los posibles beneficios de las APP "a menudo no se materializaron" porque la infraestructura no se completó dentro del plazo y se sobrepasaron los costes previstos.

Así, en Grecia el aumento de los costes fue de 1.200 millones de euros -asumido por el socio del sector público y cofinanciado en un 36% por la UE, en España fue de 300 millones y en Francia de 13 millones de euros.