La unión bancaria es esencial para restaurar la confianza en la banca de la zona euro, según Fitch

Los progresos hacia la creación de una unión bancaria en Europa, incluyendo un supervisor único en la figura del Banco Central Europeo (BCE) y el establecimiento de un mecanismo centralizado de resoución para los bancos no viables, resulta "esencial" para restaurar la confianza a largo plazo en la banca de la eurozona, según la agencia de calificación Fitch.

En este sentido, la calificadora de riesgos apunta que este proyecto debería contribuir a nivelar el "campo de juego" para las divergentes economías nacionales y a crear una plataforma de crecimiento, mientras que la recuperación de la confianza debería resultar en una mejora en el coste de acceso a financiación de las entidades.

"Progresar en la unión bancaria resulta esencial para alcanzar una confianza a largo plazo en el sector bancario de la zona euro", señala la calificadora de riesgos.

A este respecto, Fitch apunta que, si bien la introducción de la unión bancaria no tendrá ningún efecto a corto plazo en las calificaciones de los bancos, su completa implementación y cumplimiento de objetivos tendrá efectos positivos en las notas de viabilidad de las entidades.

No obstante, Fitch advierte de que, a pesar de que el calendario establece que los mecanismos estén listos en 2015, el correcto funcionamiento de la unión bancaria será un camino "largo y lleno de baches".

Asimismo, la agencia apunta que a largo plazo la figura del supervisor único contribuirá a la creación de mayores redes paneuropeas, que permitirían la captación de depósitos en un país para prestar en otro, lo que podría encarecer el coste de obtener financiación para los bancos de países ricos en depósitos, al tener una mayor competencia, lo que podría implicar que las entidades trasladen estos mayores costes a sus préstamos, encareciendo el crédito en los países más sólidos de la eurozona.

Por otro lado, Fitch también advierte de que la introducción de un mecanismo centralizado en el BCE sobre cómo y cuándo llevar a cabo la resolución de entidades problemáticas supone reducir las consideraciones políticas al respecto y ganar en eficiencia, aunque al mismo tiempo implica un debilitamiento del apoyo público a los acreedores de la banca.