Ocho países bloquean extender las ayudas europeas para recolocar a despedidos

La Unión Europea cuenta con un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para apoyar los procesos de reconversión de parados que han sido víctimas de la deslocalización, aunque desde 2010 y como consecuencia de la crisis económica se han incluido nuevos supuestos vinculados al impacto de dicha crisis que son aplicables hasta que acabe este año.

Los ministros de Empleo europeos han debatido el asunto en una reunión en Bruselas durante una sesión en la que se han llegado a negociar hasta cuatro propuestas de compromiso para tratar de salvar las diferencias, pero ninguna ha prosperado.

Con esta decisión los 27 tumban la ampliación de las aplicaciones del fondo durante 2012 y 2013, por lo que no podrán acogerse a los supuestos de crisis y se cierra la puerta a modificarlo hasta 2014, cuando empieza un nuevo ejercicio presupuestario.

Bruselas era partidaria de ampliar a 2012 y 2013 la posibilidad de que los países pudieran recurrir al fondo para cofinanciar expedientes de regulación de empleo que no han sido causados por la deslocalización sino por el impacto de la crisis económica, pero siete gobiernos europeos se oponen a ir más allá de los supuestos tradicionales.

España, país que más recursos del FEAG ha recibido desde su creación en 2008, está entre los Estados miembros que "claramente apoyan esta ampliación", según fuentes diplomáticas, porque la extensión que se ha aplicado estos dos últimos años ha permitido presentar un mayor número de expedientes.

Según datos del Parlamento Europeo, las autoridades españolas han obtenido más de 35 millones de euros desde 2008 destinados a formar y ayudar a encontrar empleo a 9.600 personas despedidas en distintos sectores.

Países Bajos, otro de los países que más ayudas han recibido de este fondo, se mantiene contraria a permitir que el impacto de la crisis siga siendo en 2012 y 2013 razón para acogerse a este subsidio. Países Bajos, Alemania y Reino Unido forman el núcleo de países que presionan a la Unión Europea para contener el gasto comunitario en línea con los ajuestes que están asumiendo los 27 a escala nacional.