El Gobierno convoca al sector del automóvil pero multará al que no cumpla su plan

Industria convocará mañana al sector del automóvil para aportarle "certidumbre". El encuentro servirá para revisar el contenido del borrador de la Ley de Cambio Climático, en el que se recoge la intención de que para 2040 no se puedan vender en España coches de gasolina, diésel, de gas e híbridos y que desde 2050 tampoco puedan circular.

Estas organizaciones son la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (Aniacam) y la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto).

En España se producen únicamente cuatro vehículos eléctricos en la actualidad, por lo que hay que actuar "deprisa", al igual que están haciendo otros países. Esa es la idea de la ministra. "O lo hacemos nosotros también o vamos a perder el liderazgo que ahora tenemos en el sector del automóvil en España y en Europa". Maroto recordó que el sector está "comprometido" y lleva tiempo haciendo un esfuerzo por adaptarse a las nuevas tecnologías pero vamos lento.

El 70% de los directivos encuestados en el Observatorio de Grant Thornton consideraba hace pocas fechas que, para que el vehículo eléctrico se impulsara definitivamente en España, sería necesario conseguir sistemas de carga completa más rápidas que las actuales, incrementar la red de puntos de recarga eléctrica o electrolineras y potenciar la autonomía de los vehículos eléctricos por encima de los 500 kilómetros.

También opina lo mismo el Gobierno que ha puesto una fecha límite para acabar con los vehículos de combustible. En 27 meses tendremos que tener electrolineras. Ante las quejas a Pedro Sánchez este ha contestado que Merkel ha puesto el límite en 2030 y él en 2040. "Hay que ser valientes para luchar contra el cambio climático".

El anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética anunciado por el Gobierno ha caído como una bomba en un sector que mueve el 10% del PIB. Desde la patronal ya se ha dado la voz de alarma sobre los miles de puestos de trabajo que pueden quedar en el aire y sobre el impacto que en las compras puede causar un anuncio que no ha sido consensuado.

Así las cosas, el Gobierno quiere que 1.200 estaciones de servicio, un 10% de las que hoy existen, cuenten con un punto de recarga sí o sí. Las primeras que tendrán que ponerse las pilas son las 200 supergasolineras que venden más de 10 millones de litros de combustible al año. Desde que se apruebe de Ley del Cambio Climático tendrán doce meses para poder suministrar electricidad con origen 100% renovable, por lo que los propietarios tendrán que firmar nuevos contratos con las eléctricas o buscar sus propias fuentes. De no ser así las multas para las 200 gasolineras que venden más de 10 millones de litros de combustible al año pueden llegar a los 30 millones.

Las medidas afectarán primero, pues, a las gasolineras que vendan más de 10 millones de litros al año que tendrán 12 meses para suministrar energía 100% renovable. Las que vendan entre cinco y diez millones de litros tendrán 15 meses para remitir el plan de recarga energética al Ministerio y otros 12 meses, es decir, un total de 27 para ponerlo en marcha. Las multas pueden llegar a los 30 millones de euros. El órgago afecta de lleno a Repsol, que cuenta con una cuota de mercado del 30%, mientras que Cepsa tiene un 13%.