Las empresas en concurso se reducen un 23% en 2015, con un 39% de trabajadores menos afectados

Las empresas declaradas en concurso de acreedores disminuyeron un 23,1% en 2015, hasta las 4.871, lo que también llevó aparejada una caída de los trabajadores afectados del 38,7%, según datos del Anuario Concursal 2015 del Colegio de Registradores de la Propiedad.

Además, las empresas que se adentraron en estos procesos fueron de menor tamaño, puesto que presentaron un pasivo de tres millones de euros, frente a los seis millones de 2014 y una plantilla de seis trabajadores, dos menos que un año antes. En suma, los pasivos totales afectados pasaron de 26,4 millones de euros en 2014 a los 8,2 millones de euros el pasado año.

Por sectores, el descenso de los trabajadores afectados por concursos fue especialmente llamativo en el caso de la construcción (73,8%), por delante de la agricultura y pesca (-58,3%) y el sector industrial (-57,1%).

En cuanto a la situación financiera, el 64,6% de las empresas que inició un proceso concursal en 2015 no generó recursos positivos, un porcentaje similar al de 2014 (64,3%). Como consecuencia, el 78,7% de las empresas concursadas tardaría 25 años o más en atender sus deudas, bajo el supuesto de que aplicaran la totalidad de los recursos que generan a pagarlas.

Otro dato indicativo de la pobre situación financiera de las empresas concursadas es que solamente el 10,2% (9,4% en 2014) denotaba capacidad financiera suficiente para alcanzar un convenio dentro de los límites marcados por la Ley concursal.

LA MAYORÍA DE LOS PROCESOS ACABAN EN LIQUIDACIÓN.

El informe señala también que la proporción de convenios sobre el total de fases sucesivas iniciadas se mantiene estable en el 7,5%, por lo que el predominio de la liquidación como solución para la sociedad que entra en concurso se conforma como una característica estructural del sistema procesal español (92,5% de los casos).

De estas liquidaciones, el 80% fueron directas, el 4,9% se produjo tras un convenio aprobado y el 7,3% tras la apertura de una fase de convenio previa.

Por otro lado, los datos de los registradores confirman que las empresas que inician la fase de convenio, así como las que finalmente logran el acuerdo, cuentan con mayor edad y son patrimonialmente más grandes, a la vez que reflejan mayores cifras de negocio.

En relación a las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos, en 2015 se produjo una leve mejoría, situándose dicha expectativa en el 51,7% de media.

SE SIGUE REDUCIENDO LA DURACIÓN DE LOS CONCURSOS.

En otro orden de cosas, la proporción de concursos necesario es muy similar al año anterior, con un 6,4%, y en un 85,8% de los casos los jueces sustituyen las facultades de administración del deudor.

En los concurso voluntarios en los que se suspenden dichas facultades (17,7%) el motivo en más de un 92% de los casos es la petición de liquidación del deudor al inicio del procedimiento.

Los registradores señalan que las sociedades que mantienen el control son patrimonialmente más grandes y reflejan mejores ratios de viabilidad y solvencia. Además, las que entran en concurso voluntariamente con solicitud de liquidación y que pierden el control exhiben peor rentabilidad incluso que las que pierden el control tras la solicitud de los acreedores.

En cuanto a la duración de los concursos, las fases comunes en los procedimientos abreviados con pasivos inferiores a un millón de euros, que son los más frecuentes, se redujo de media en 42 días, hasta los 8 meses y 27 días. De esta forma, continúa la progresiva mejora de tiempos iniciada en 2012.

Respecto a los procedimientos ordinarios de los concursos más grandes, aquellos en los que el pasivo supera los 10 millones de euros, esta duración es más estable, con una media de unos 13 meses los dos últimos años.

EL 'LADRILLO', A LA COLA.

Por otro lado, en un contexto de descenso de sociedades en concurso, los pasivos afectados en el sector de la construcción representó el 57,9% del total, el nivel máximo de los últimos cuatro años, aunque lejos del 81% que alcanzó en 2008.

Además, las actividades inmobiliarias empeoraron notablemente su perfil financiero, puesto que no más del 68% de sus sociedades concursadas generaron recursos positivos.

Otro de los elementos presentes en las estadísticas de los registradores son los acuerdos extrajudiciales de pagos, una institución preconcursal introducida originalmente en la ley de apoyo a emprendedores de 2013 y que fue objeto de reforma en 2015.

La sociedad mercantil tipo que solicitó el acuerdo extrajudicial de pagos antes de la reforma de 2015 acumulaba pasivos por valor de 253.000 euros y se dedicaba al sector servicios, al tiempo que mostraba indicadores financieros muy deficitarios.

Las que lo hicieron posteriormente a ese año tienen un pasivo superior, de más de 455.000 euros, también son predominantemente del sector servicios y exhibieron una situación financiera incluso peor, ya que un 64,7% no generaban recursos.