El 74% de las empresas españolas no ha notado la ley de morosidad, según Intrum Justitia

En una nota de prensa, Intrum Justitia dice que el anuncio de la compra de deuda por valor de 60.000 millones del Banco Central Europeo (BCE) a partir de marzo tendrá un efecto positivo sobre los plazos de pagos de las administraciones públicas porque tendrán más dinero para poder cumplir la normativa.

"Si la Administración quiere que la economía y las pymes crezcan, es la primera que tiene que trabajar en ello", sostiene, tras recordar que la normativa contempla la indemnización mínima por gastos de recobro de 40 euros por factura impagada y el aumento del tipo de interés de demora de 7 a 8 puntos en pagos retrasados dentro de las transacciones comerciales ente empresas y Administraciones Públicas, entre otras cosas.

En el estudio se analiza la repercusión de estas iniciativas en el tejido empresarial y se concluye que sólo un 8% de las empresas las está usando. De hecho, el 55% respondió que no utilizaban estos derechos y el 37% indicó que solo reclamaba en determinadas ocasiones.

En términos generales, Intrum Justitia cree que hay un escepticismo generalizado ante la normativa, puesto que el 58% cree que afectará negativamente a sus relaciones con los clientes y el 35% cree que no recibirá el pago de esa reclamación.

Además, las empresas consideran que deberían recibir más ayuda legisladora para cobrar sus facturas a tiempo. Concretamente en España, el 90% no estaba satisfecho con las acciones del Gobierno para combatir la morosidad.

Según Intrum Justitia, España tiene un plazo medio de pago de 99 días que duplica la media europea (46 días). Por tipo de pagador, las Administraciones Públicas pagan en un plazo de 154 días, un día menos que en 2013 pero muy encima de los 30 contemplados en la ley. Las empresas, por su parte, sitúan su plazo medio de pago en 83 días y los consumidores en 61.